LA HABANA, Cuba.- Unas 300 personas vinculadas a la extracción ilegal de oro fueron detenidas en Ciego de Ávila este sábado.
Una operación conjunta del Ministerio del Interior (MINIT), el Ministerio de la Agricultura (MINAG), Energía y minas (MINEM) y la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) desmanteló un grupo de “mineros ilegales” que “vendían las piedras extraídas en el territorio camagüeyano a mil pesos moneda nacional”.
El hecho tuvo lugar en un terreno perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Agroforestal del municipio de Baraguá, y los implicados residen en las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín.
En el sitio fueron encontradas y destruidas casas de campaña rústicas donde se alojaban alrededor de 100 personas que realizaban excavaciones profundas.
Según una nota publicada en la Agencia Cubana de Noticias (ACN), “fueron aplicadas 90 multas y decomisados 50 sacos con 47.4 kilogramos de piedra mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal (con un caballo incluido) y herramientas empleadas para la excavación y detección de metales. También se aplicaron medidas profilácticas a 70 personas procedentes de las provincias de Las Tunas y Camagüey”.
Recientemente, la segunda mayor concentración aurífera del país fue encontrada en Loma Jacinto, provincia de Camagüey. Un yacimiento de oro de ocho toneladas valorado en unos 200 millones de dólares y con una gran “importancia industrial”.
Por su parte, Juan Ruiz Quintana, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó al diario oficialista Granma que “desde 2013 la extracción ilegal de minerales ha mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los lugares donde mayormente se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro, y donde existe oro aluvial, en las zonas centrales y orientales”,
Según cifras oficiales, durante 2020 y hasta el cierre del primer trimestre de este año, han sido sancionadas 115 personas naturales vinculadas a la extracción ilegal de oro fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas.
La Carta Magna, en el Artículo 23, dispone que, “entre otros recursos, son de propiedad socialista de todo el pueblo los yacimientos minerales y las minas”.
Pero, para explotarlos, se requiere una concesión minera que tramita la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorga el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del MINEM, en dependencia del mineral en cuestión.
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