LA HABANA, Cuba. – La cubana Mileydis Vaillant Despaigne denuncia que las presiones en su contra por parte de funcionarios de la Vivienda se incrementaron desde que, en enero pasado, CubaNet sacara su caso a la luz pública.
Desde hace cinco años la mujer vive en la parte alta de una construcción de dos plantas que permutó por su anterior casa. La vivienda está ubicada en la avenida 41 del reparto Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución.
A punto de cumplir 67 años, Mileydis Vaillant Despaigne sigue reclamando el título de la propiedad, el acceso a las áreas comunes, a los relojes de electricidad y gas, así como al motor de agua para bombear el líquido hasta sus tanques de abasto. Todos estos son derechos registrados en el contrato que legalizó la permuta.
Al momento de adquirirla, la mujer desconocía que la nueva casa también era pretendida por Manuel Alejandro Cordoví Gutiérrez, vecino de los bajos e hijo de un exfuncionario de Salud Pública y dirigente del Partido Comunista, quien se dedicó a “mover influencias para expulsarla del lugar”, asegura.
Desde entonces, el presidente del Gobierno de Plaza de la Revolución, una vicefiscal municipal y la jefa de Planificación Física del territorio han actuado, de una u otra manera, en perjuicio suyo, según denuncia.
“Sentía que estaba asfixiada; a todos los lugares que iba me ponían trabas y me acusaban de todo tipo de cosas, como si estuvieran comprados. Por eso decidí buscar apoyo en la prensa independiente, para quitarle la careta a toda esa gente que utiliza a conveniencia el poder del Estado”, refiere la entrevistada.
A raíz de la publicación en CubaNet, esperaba que su caso llegara a oídos de “algún pez gordo” que pusiera fin a los “atropellos” que estaba sufriendo. La reacción, en cambio, no fue la deseada. Durante los últimos dos meses se abrieron nuevos procesos y otros funcionarios se sumaron al acoso en su contra, dice, mientras los organismos pertinentes continúan desatendiendo las quejas que presenta.
A principios de febrero pasado, Cordoví Gutiérrez interpuso una demanda contra la entrevistada por una serie de daños que sufre su vivienda y que, alega, se deben a filtraciones de agua provenientes de uno de los baños de la planta superior.
A la vez, en otro litigio abierto, solicita que los contadores de gas, electricidad y agua de Vaillant Despaigne, así como las instalaciones de esos servicios, se remuevan de las áreas comunes y se reubiquen en el único acceso a la casa de la mujer.
“Eso lleva 72 años ahí, los puso un especialista y los bomberos dicen que por donde tú sales no puede salir el agua, la luz o el gas. ¿¡Me quieren asfixiar, matar, o qué es lo que quieren hacer conmigo!?”, se queja la mujer.
Según narra, el profesor e intelectual Rolando Julio Rensoli Medina, vicepresidente de la Comisión Aponte de la UNEAC para casos de racismo, al que Vaillant Despaigne acudió por ofensas como “negra prieta y la mona que quiere caminar por el pasillo de los blancos”, entre otros insultos, fue el primer funcionario en resaltar el malestar generado por la divulgación del caso.
“Fue a través de una llamada telefónica. Le hablé para preguntarle si había encontrado mi expediente, que supuestamente lo había perdido, y ese hombre me salió como una fiera. Me dijo que yo estaba hablando tremenda cantidad de porquería, pero que a él eso lo tenía sin cuidado, que cuando encontrara el expediente me llamaba”, cuenta. “Todos los cañones se giraron en mi contra”, agrega.
Con el agua al cuello
Las últimas acciones de su contraparte en los litigios, según señala Vaillant Despaigne, se realizaron de manera silenciosa con la complicidad de los funcionarios vinculados al proceso.
“Están intentando maniobrar a mis espaldas, para que cuando me entere ya tenga el agua al cuello”, resalta, en alusión a la indemnización que le piden por la presunta filtración de agua que afecta a la vivienda de Cordoví Gutiérrez.
Anteriormente, un juez municipal había concluido que en su casa no existían salideros, y en específico que el baño señalado se encontraba deshabilitado y sus conexiones hidráulicas selladas. No obstante, a espaldas de la demandada, el presidente municipal del Gobierno consiguió remover el primer fallo y reiniciar el pleito con una nueva jueza.
Para la repetición de la prueba pericial la entrevistada no fue notificada, privándola de contar con asesoría legal a pesar de que la abogada de los demandantes estaba presente. Cuando quiso reclamar, empapada de sus derechos tras sostener una breve conversación telefónica con su abogada, fue reprimida y amenazada por la jueza.
“Me habló con roña, llegó a decirme que sabía que yo era una ‘bocona’ y que, como autoridad de este país y representante de otras cosas que según ella no podía decirme, no iba a ser tan permisiva conmigo. Me aclaró que desde ese momento estaba apercibida”, comentó Vaillant Despaigne, que recordando la vez que estuvo presa en la estación policial de Zapata y C, prefirió callar y dejar que los funcionarios accedieran a su vivienda.
En agosto de 2022, en busca de apoyo recurrió varias veces a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado. En una de esas oportunidades, al salir del lugar, fue trasladada por la Policía con el propósito de realizarle una “entrevista” que resultó en una detención de más de 48 horas. Entonces fue confinada en un cuarto sin iluminación ni condiciones sanitarias, donde sufrió una parálisis facial, asegura.
De acuerdo con Hansel Valdés Pardo, abogado de Vivienda en el municipio Cerro, en este tipo de investigación pericial la actuación de los abogados se limita al citatorio de los clientes, aunque pueden participar como observadores para velar que se cumpla con el debido proceso.
No obstante, en la pre-conclusión del informe pericial, de acuerdo con Vaillant Despaigne, a petición de la abogada de los demandantes el perito adelantó el resultado de su investigación alegando que, en efecto, las filtraciones provenían de la construcción del nivel superior.
“¡Cómo ese hombre va a decir eso, si el baño está hasta clausurado! Primero me dijeron que no necesitaba un abogado y luego que debía apurarme y buscar uno para reclamar el dictamen, porque el resultado final saldría muy pronto. No me dieron un plazo, así que estoy contra la pared”, se queja la mujer.
“No saben qué más inventar, pusieron que tenía suciedad por cuatro huesos que encontraron en un pasillo donde no entra nadie, nada más los gatos. Creo que fueron ellos quienes los tiraron, para incriminarme. Me tienen amenazada con llevarme a los límites”, concluye la entrevistada, a quien las presiones la han llevado a sufrir problemas de salud.
