MIAMI, Estados Unidos.- “El terror en Cuba”, así define Prisoners Defenders (PD) la situación de la Isla desde las masivas protestas del 11 de julio (11J) de 2021. El “tenebroso balance del 11J”, realizado por la organización en su informe mensual, documenta más de 5 000 detenidos, de ellos 1 500 con medidas de limitación de libertad, y 381 presos y condenados políticos certificados, de los cuales 117 fueron incluidos en el mes de agosto.
No obstante, el equipo de expertos estima que las cifras de arrestados por el 11J pudiera estar entre los 6 000 y 8 000.
Para reportar estas estadísticas PD se basa en rugurosos estudios realizados desde el 11J, que comprende más de 100 entrevistas a las personas afectadas, y “en el recuento que los propios detenidos han realizado sobre las cifras de detenidos presentes en los centros de detención en Cuba que ellos vieron”.
El “11J no ha sido solo un ataque contra el pueblo cubano. Ha sido una agresión contra el ser humano como especie. La articulación de la represión ha sido un experimento exitoso a corto plazo de control y sometimiento de la especie humana mediante la violencia, la censura, la técnica mediática, las relaciones internacionales, y la pasividad de otros gobiernos, como el español y el europeo, que han preferido visualizar la obra de teatro puesta en marcha sin tomar partido tajante e irrestricto por la defensa inmediata, efectiva y profunda de la integridad física, derecho a la libertad y derechos más fundamentales de miles de seres humanos. (…). Europa demostró que no está en Cuba de modo prominente para aprovechar cualquier posibilidad de traer democracia a este país, sino para otras cosas”, advierte la organización defensora de derechos humanos con sede en España.
Para el “experimento de control social masivo” el régimen cubano ha implementado varias acciones, entre ellas: el corte del servicio de internet, represión contra los manifestantes, arrestos masivos que no han cesado pues cientos de personas han sido detenidas desde entonces luego de ser identificadas en videos de las protestas.
A ello se suma la realización de juicios sumarios como forma de castigo. PD calcula que al menos el 85% de los juicios celebrados hasta la fecha se han realizado de manera sumaria, con predominio del “Proceso Sumario por Atestado Directo”, lo cual significa que el proceso “es policial y no judicial, donde los acusados van a juicio sin necesidad de fiscal ni abogado, y donde pueden recibir penas de prisión que oscilan entre los meses y varios años en función del número de delitos imputados, siempre que cada delito imputado no supere la pena de un año de privación de libertad”. PD señala igualmente que este proceso penal constituye “una auténtica ignominia que viola toda la legislación vigente internacionalmente en torno al derecho de presunción de inocencia, defensa efectiva y debido proceso”.
Varios detenidos han testificado además la violencia física y psicológica ejercida contra ellos; los agentes del orden han llegado incluso a obligarlos a gritar consignas como “Viva la Revolución”, “Viva Fidel”, “Viva Díaz-Canel” y “Patria o Muerte”; a quienes se niegan a hacerlo, les propinan severas golpizas.
De igual forma, la policía política ha elaborado una lista de personas consideradas “contrarias al proceso revolucionario” para detenerlas en sus casas, “especialmente a cierto perfil de disidentes, aprovechando los hechos para realizar una rizzia nacional sobre dicho colectivo”. Entre ellos se halla la periodista de CubaNet y corresponsal del diario ABC en La Habana, Camila Acosta, quien luego de cubrir las manifestaciones del 11J se encuentra en reclusión domiciliaria, en espera de juicio por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”.
PD manifiesta especial preocupación por los opositores políticos, quienes “están sufriendo mayor grado de torturas”, como las hermanas Garrido Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, Maikel Castillo Pérez (Maikel Osorbo), Hamlet Lavastida, José Daniel Ferrer García, quien se halla en estado de desaparición forzada, y Félix Navarro Rodríguez; este último sobrepasó la COVID-19 en prisión y desde el 23 de agosto desarrolla una huelga de hambre exigiendo su libertad.
“En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de Prisoners Defenders 440 casos de presos y condenados políticos en Cuba. Con 136 presos y condenados se inició septiembre de 2020. Desde entonces hasta ahora han ingresado 304 nuevos casos. De los que han salido de la lista, 45 en el mismo período, la práctica totalidad han cumplido íntegramente las condenas”, detalla la organización.
Como cada mes, PD reconoce además a 11 000 personas que, al cierre de 2019, se encontraban cumpliendo penas de entre uno y cuatro años de cárcel por “medidas de seguridad predelictivas”.
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