MADRID, España.- El Grupo de Trabajo Justicia 11J denunció que la situación de vulnerabilidad de los presos políticos en Cuba se ha agravado durante los meses de agosto y septiembre.
En su más reciente informe la organización, que da seguimiento a la situación de estas personas, alertó que 15 presos políticos han visto afectado su estado físico o emocional, o su salud física o mental.
Se trata de los prisioneros Amalio Álvarez, Andy García Lorenzo, Angélica Garrido, Dayron Martín Rodríguez, José Daniel García Ferrer, Jorge Luis Castillo Bolaños, Lázaro Yuri Valle Roca, Lizandra Góngora, María de Jesús Terrás Díaz, Mario Josué Prieto Ricardo, Reina Yacnara Barreto, Samuel Pupo Martínez, Yanley López Basulto, Yasser Fernando Rodríguez y Yosvany Rosell García Caso.
En el caso de Amalio Álvarez, por ejemplo, es un hombre de 44 años, sentenciado a 15 años de privación de libertad, que padece de alcoholismo y presenta síntomas de abstinencia y ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión.
Mientras que Angélica Garrido, de 39 años y sentenciada a tres años de privación de libertad, debido a la acumulación de estrés sufrió un accidente cerebrovascular que le paralizó la mitad del cuerpo.
Justicia 11J comprobó además que al menos diez personas han iniciado huelgas de hambre o huelgas de hambre y sed.
Se trata de Angélica Garrido, Carlos Ernesto Díaz (Ktivo Disidente), Carlos Manuel Pupo, Frank Michel Monterrey Peláez, Lizandra Góngora, Maikiel Armando Peña, María Cristina Garrido, Pedro Albert, Walfrido Rodríguez Piloto y Yordi García Fournier.
Algunas de estas personas han realizado varias huelgas de hambre, y en muchos casos se han declarado en huelga para exigir atención médica.
Ante esta situación, Justicia 11J recordó que, de acuerdo a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela), se debe “reconocer las necesidades de atención de la salud y adoptar todas las medidas necesarias para el tratamiento”; así como “facilitar a los reclusos de quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un tratamiento apropiado durante el período de infección” y “determinar la capacidad física de cada recluso para trabajar, hacer ejercicio y participar en otras actividades”.
El Grupo de Trabajo mencionó además que, de acuerdo al artículo 109 de dicho documento, “no deberán permanecer en prisión las personas a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión”. .
“A pesar de que el Estado cubano no es signatario de relevantes textos regionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, le exigimos que sean incorporadas las normas y los estándares regionales e internacionales de derechos humanos en relación con las garantías de integridad personal”, exige el documento.
Justicia 11J destacó la necesidad de que organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria conozcan sobre esta alarmante situación.
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