MIAMI, Estados Unidos. – En menos de tres meses, el régimen de la Isla ha suspendido 476 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por no cumplir con la norma que les obliga a ofrecer a los clientes un método de pago electrónico, según informó la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, el pasado mi´rcoles en el programa Mesa Redonda.
La obligatoriedad del pago electrónico es una de las medidas que forma parte del proceso de “bancarización” anunciado en agosto de 2023 por el régimen de la Isla. En aquel momento, Díaz Velázquez explicó que los negocios que no cumplieran con esta disposición tendrían sus actividades suspendidas, aunque se les otorgó un plazo de seis meses para adaptarse.
Más adelante, el período fue extendido por 60 días debido a la falta de condiciones. La norma entró en vigor finalmente el 2 de febrero de 2024.
Desde entonces, casi medio millar de establecimientos han sido cerrados, con 360 licencias retiradas. Sin embargo, la ministra advirtió que el número de cierres aumentará significativamente.
“Se considera que es una cifra insuficiente. Hay provincias donde el nivel de enfrentamiento es bajo”, afirmó Díaz Velázquez. Además, precisó que los controles están en aumento: en marzo se realizaron 2.612 inspecciones mientras que en abril esta cifra ascendió a 8.169, a la par del aumento de las denuncias de la población.
Durante su intervención en la Mesa Redonda, la funcionaria también dijo que las empresas estatales, que “deben dar ejemplo”, también han recibido denuncias, aunque en menor medida que el sector privado. “Hay formas no estatales que tienen niveles de importación que cuando usted va a su cuenta fiscal no han hecho operaciones, por tanto, el código que tienen no se utiliza”, ejemplificó.
Actualmente, las mipymes comparten un escenario económico de corte centralizado con la empresa estatal socialista (la principal para el Gobierno), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
Por otro lado, las mipymes han introducido en el mercado nacional productos que escaseaban o que no existían en la Isla a precios denunciados como “exorbitantes” por una parte de la población.
Aunque están reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias, las mipymes no pueden constituirse en esferas como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación.
Tras el auge de la aprobación de las mipymes en el país, activistas y periodistas independientes han denunciado que funcionarios del régimen e incluso represores se esconden tras las nuevas empresas, presentadas a la comunidad internacional como “sector privado” en la Isla.
Recientemente, CubaNet publicó un perfil sobre Julio Martínez Ramírez, exdirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC), actualmente socio de la mipyme Gran G S.R.L. Martínez Ramírez forma parte de la oleada de defensores del régimen cubano ―algunos incluso agentes de la Seguridad del Estado, militares o dirigentes partidistas― que han pasado a formar parte del nuevo sector privado en la Isla.
En ese sentido, también han sido denunciadas la mipyme Gaia Mercado, detrás de la cual se encuentra Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y el fotógrafo italiano Paolo Titolo; Cubapack, una mipyme de GAESA que opera desde Miami; y Sil26, la distribuidora de Supermarket 23, que pertenece a Ángel David Fernández del Valle, nieto del fallecido general de División Sergio del Valle Jiménez.
No obstante, en una entrevista concedida la pasada semana a CNN en Español, una de las viceministras de Economía de Cuba, Johana Odriozola, defendió que en la Isla sí existía el sector privado, cuya autenticidad ha sido rebatida y desmontada por políticos estadounidenses y cubanoamericanos, activistas y medios de prensa.
De hecho, recientemente la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar expresó su preocupación por que muchos propietarios de las llamadas mipymes estén vinculados al régimen de la Isla. La congresista calificó al Gobierno de La Habana como “el Hamás del continente” y pidió a sus colegas del Congreso asegurarse “de enviar al Departamento de Estado el mensaje de que [abrir el sistema bancario estadounidense a las mipymes cubanas] no sería una buena idea porque violaría el embargo”.
En septiembre de 2023 trascendió que Washington podría suavizar las restricciones financieras hacia Cuba, las cuales favorecerían especialmente a las pequeñas empresas de la Isla, de acuerdo con un reporte de Bloomberg que cita a una fuente no identificada.
No obstante de las expectativas del régimen cubano sobre un cambio drástico en la política estadounidense hacia la Isla, expertos indican que es poco probable que este ocurra. “Ayudar a los empresarios es algo que cuenta con apoyo bipartidista”, según el abogado Pedro Freyre.
En octubre pasado, el periódico Miami Herald publicó que las medidas prometidas a mediados de septiembre por la administración Biden para apoyar a las mipymes cubanas no solo no se habían concretado, sino que se mantenían envueltas en la incertidumbre.
En cuanto a las sanciones, la ministra señaló que “la cuantía de las multas está en el rango de 25 a 100 pesos”.
“Por supuesto ―dijo―, eso no tiene ningún efecto, pero estamos en la modificación del decreto. Las multas serán cuantiosas, a los cierres le vamos a poner término también. Tiene que haber un rigor”, aseveró la funcionaria.
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