MIAMI, Estados Unidos. – Tras las protestas del 11 de julio pasado, decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de Cuba Decide resultaron arrestados. Aunque varios han sido liberados con multas o fianzas, algunos aún permanecen detenidos e incomunicados y otros, incluso, han sido enviados a prisión.
En ese último caso se cuenta la activista Orquídea León Prieto, de 42 años de edad, a quien las autoridades mantuvieron “desaparecida” por más de una semana.
“La tenían en (la estación policial de) 100 y Aldabó y no sabíamos nada de ella. Al parecer fue golpeada durante la detención”, indicó a CubaNet Zaqueo Báez Guerrero, miembro de la dirección nacional de la UNPACU.
Además, Báez explicó que, cuando una tía de León Prieto se presentó ante el tribunal competente, le aseguraron que el juicio contra la activista había tenido lugar el pasado 27 de julio.
“Fue un juicio sumario, a puertas cerradas, sin derecho ni siquiera a un abogado”, denunció el opositor.
León Prieto fue condenada a un año de privación de libertad por el supuesto delito de “desorden público”. Luego del juicio, fue enviada a la prisión de mujeres conocida como El Guatao.
La activista comenzó a militar en la UNPACU en el año 2019. Desde entonces, también promovió activamente la iniciativa Cuba Decide. Asimismo, ha participado en varias de las convocatorias llevadas a cabo por la organización en los últimos dos años.
Hasta el momento, las autoridades de El Guatao se han negado a que los familiares de la activista puedan verla, utilizando como justificación las medidas implementadas para evitar la propagación de la COVID-19.
“Su familia teme por su estado físico y mental. Ella es asmática crónica. Probablemente no la dejen ver porque los golpes que le dieron pueden estar visibles. El tema de la pandemia ha sido la excusa perfecta para que la dictadura justifique aún más la represión contra los opositores pacíficos”, terminó Báez.
En La Habana, también permanecen arrestados por unirse a las protestas de manera pacífica, la exprisionera política Marieta Martínez (Centro de Detenciones de 100 y Aldabó, acusada de desorden público) y Manuel de Jesús Guillén (detenido en Villa Marista).
Mientras en Las Tunas, desde hace más de 20 días, el régimen mantiene incomunicada a Yolanda Carmenate Fernández, según ha denunciado su hijo Cristian Pérez.
Por su parte, desde Santiago de Cuba, la familia de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, expresó su temor por el estado físico del opositor.
“Han pasado 23 días sin saber nada de él, no se sabe si está en el Centro de Operaciones de Versalles, en la prisión o en un hospital. Salió de casa enfermo y las condiciones de las mazmorras del régimen agudizan cualquier malestar”, denunció José Daniel Ferrer, hijo del opositor.
Recientemente, la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba emitió una medida cautelar de prisión provisional tanto para Ferrer como para su hijo, quienes fueron acusados de supuesto desorden público.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este martes haber constatado “al menos 1 745 acciones represivas” en Cuba durante el pasado mes de julio.
En tanto, la lista del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, que registra las personas detenidas y/o desaparecidas desde el 11 de julio, asciende a 800, aunque ―advierte la organización― esta cifra podría tratarse de un subregistro.
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