LA HABANA, CUBA. – Julio César Ruiz Bacot, padre de dos niños y trabajador de una panadería en Cárdenas, Matanzas, salió a manifestarse el día 11 de julio, por lo que resultó detenido el día 16, solo a dos cuadras de su casa, en la esquina de Salud y Spriu, sobre las 6:00 de la tarde.
“Ya salió (de la cárcel) un muchacho que estaba preso con él y me dijo que le dieron golpes y que le sacaron todos los dientes”, denuncia la madre, Rosario Ruiz Bacot, y se disculpa llorando porque no puede evitarlo.
CubaNet no pudo confirmar de forma independiente esa información, puesto que resulta imposible acceder a las personas reprimidas arrestadas y reprimidas tras las protestas del 11 de julio.
“Mira los días que hace y no he visto a mi hijo. Yo soy una mujer enferma. Él es un muchacho trabajador y tiene un niño chiquito que también está sufriendo por él”, también se queja la madre de Ruiz Bacot.
Varios comentarios de sus amigos en redes sociales también corroboran el testimonio familiar. Según la familia, al joven lo están acusando de haber cometido el delito de robo con fuerza y será juzgado por un tribunal militar, aunque sea solo panadero.
“El delegado (de la circunscripción) nos dijo que no se le podía poner abogado hasta que no se terminara el proceso. Fuimos al Bufete Colectivo y nombramos uno, pero nos dijo que no podía hacer nada porque (el caso) pasó a Fiscalía Militar y mi hijo no tiene derecho a abogado hasta que no acabe la investigación”, explica Rosario a CubaNet.
“Él no es militar ―recalca―, pero nos han dicho que todos los casos que no sean de ‘desorden público’, o como le dicen ellos ‘vandalismo’, pasan a Fiscalía Militar”.
“Que los militares puedan juzgar a los civiles es una violación de las garantías del debido proceso”, asegura Laritza Diversent Cambara, la directora del Centro de Información Legal Cubalex, una de las ONG que ha acompañado a los familiares de las personas reprimidas tras el 11 de julio.
La abogada presupone que “los tribunales militares están actuando en estos casos por los daños a las tiendas de GAESA, que son consideradas zonas militares”.
Pero “él solo se estaba manifestando”, recuerda su madre otra vez. Ella está segura de que el régimen no tendrá ni una sola prueba contra su hijo, aun cuando eso no sea una garantía para que el joven salga absuelto. Los pocos que han podido presenciar los procesos judiciales sumarios aseguran que no solo ha habido poca transparencia, sino que las personas han sido juzgadas sin que los testigos logren reconocerlas como responsables de los hechos que se les imputan.
Los manifestantes del 11J “estaban sancionados antes de llegar a juicio”
Sobre Ruiz Bacot pesa la acusación del delito común con que, con más frecuencia, se intenta incriminar a los hombres negros, según los perfiles raciales con los que opera la Policía en Cuba. Con esa acusación, se apela al imaginario racista de las personas, para que duden de la veracidad de cualquier defensa.
Es también el mismo delito con que quieren encausar a otros manifestantes: Orlando Félix Vega Córdoba, Yasmany Kim Rodríguez y Yasdani Benítez Quesada son los casos verificados que corren la misma suerte que Julio César Ruiz Bacot.
Ha sido una estrategia ―más que legal, comunicacional― para dividir la opinión en las redes, generalmente de las personas que podrían solidarizarse con las víctimas de la represión y el sistema legal cubano. Insistir en el “vandalismo” y en los supuestos destrozos provocados el 11 de julio responde más a un doble rasero, que condena las protestas en Cuba pero legitima las que ocurren en Colombia o en Chile, que a la repartición de justicia.
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