AREQUIPA, Perú.- Una petición fiscal de 20, 25 y 30 años de privación de libertad fue impuesta a los tres ciudadanos cubanos sometidos a juicio público tras ser acusados de lanzar cocteles molotov y poner pancartas contra el régimen en entidades estatales.
Un reporte de la televisión estatal en la Isla, replicado por el portal Cubadebate, indica que el juicio fue celebrado recientemente en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.
Según la nota, la petición fiscal para cada uno de los acusados están “en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes”.
Los cargos imputados a los cubanos son “delitos por actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos y otras sustancias, así como de propaganda enemiga”.
Los acusados son dos mujeres y un hombre supuestamente implicados el pasado año en un ataque contra el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y la sede nacional de los CDR, donde por demás colocaron carteles “contrarrevolucionarios” y las autoridades alegan que resultó lesionada una persona.
“Esto fue un hecho que conmocionó al sistema de tribunales (…) No estamos acostumbrados en nuestro país, donde los jueces caminamos por las calles, donde nos montamos en una guagua, somos parte del pueblo, de una cola, a recibir este tipo de tratamiento”, dijo Yuseidi Pérez Lobaina, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana.
Por su parte, la capitana Olaima Reyes Blancha del Ministerio de Interior (MININT), señaló que los cubanos juzgados “recibían financiamiento desde el exterior”. Al respecto citó recargas celulares y un par de envíos de dinero de 8.000 y 2.000 pesos (30 y 8 dólares) que atribuye a figuras como Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y Willy González.
“Se evidencia que ellos son terroristas y que lo que quieren es desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el orden del país”, agregó la oficial del MININT.
Pérez Lobaina también advirtió que el Código Penal y la Ley contra el terrorismo pueden castigar hechos de esa índole con penas de hasta 30 años de cárcel, cadenas perpetuas e incluso la muerte.
Este tipo de reportes del Noticiero Estelar de la televisión son usualmente realizados en colaboración con las fuerzas de la Seguridad del Estado, de ahí el discurso represivo que busca intimidar a los televidentes de la Isla.
Además de aludir hechos y responsables sin el respaldo de pruebas, el régimen cubano suele coaccionar a los acusados para forzar testimonios o utiliza a sus agentes como supuestos testigos.
En este caso, el material responde a las recientes noticias sobre la permanencia de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, publicada por el Gobierno de Estados Unidos, así como a la captura en ese país del espía de alto nivel Víctor Manuel Rocha, acusado de servir a la dictadura cubana por alrededor de 40 años.
Como parte de la estrategia política para contrarrestar los hechos anteriores, el régimen de La Habana también publicó la pasada semana en la Gaceta Oficial una resolución del MININT que incluía a activistas, opositores, influencers y organizaciones de exiliados en una lista de “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo”.
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