MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) identificó esta semana a dos represores del régimen castrista. Se trata de la capitana Amparo Álvarez y del 1er. suboficial Jorge Pedroza Machado.
Álvarez ha sido jefa del Destacamento 22 de la prisión Kilo 9, donde ha estado involucrada en actos crueles, inhumanos y degradantes, precisó el Observatorio a través de la red social Twitter.
Capt. Amparo Álvarez. Ha sido jefa del Destacamento 22 de la prisión Kilo 9 allí ha estado involucrada en actos crueles inhumanos y degradantes. pic.twitter.com/Aa9mCWnFUG
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) January 26, 2023
Mientras que Pedroza Machado es funcionario de orden interior (FOI) en el Pelotón de Daniel Primelles Cala.
Ha estado “involucrado en actos que constituyen violaciones de derechos humanos y/o actos crueles inhumanos y degradantes”, dijo la organización con sede en Madrid.
1er Sub Oficial Jorge Pedroza Machado , funcionario de orden interior (FOI) en el Pelotón de Daniel Primelles Cala , involucrado en actos que constituyen violaciones de derechos humanos y/o actos crueles inhumanos y degradantes. pic.twitter.com/zTZJqOye9g
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) January 23, 2023
A través de denuncias en redes sociales, de activistas y del trabajo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en los últimos meses se han descubierto y expuesto numerosos represores del régimen.
Entre ellos se encuentran el agente “Luisito”, cuyo nombre real es Ariel Arnau Grillet, un connotado esbirro que ha tomado parte en varios operativos contra las Damas de Blanco, y ha sido descrito como “el represor más indeseable sobre la faz de la tierra”.
Así como la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, conocida por su despotismo y crueldad. La militar se presenta además como instructora policial de Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado. Morales Larrea estuvo muy vinculada a la represión contra los miembros del Movimiento San Isidro y otros activistas que tomaron parte en los sucesos frente al Ministerio de Cultura en noviembre de 2020, y enero de 2021.
Los agentes de la Seguridad del Estado denunciados por sus víctimas son mayormente responsables de delitos como “amenaza”, “abuso de autoridad”, “privación ilegal de libertad”, “delitos contra la libre emisión del pensamiento”, “contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición” y “delitos contra el derecho a la igualdad”. Todos están previstos en el Código Penal recientemente aprobado.
