LA HABANA, Cuba. – “Tengo mucho miedo de que me saquen de aquí porque yo soy una madre sola, con una niña chiquita y estoy embarazada”, dijo a CubaNet la joven Yanaisa Esperanza Buides García, quien hace poco más de dos meses se introdujo ilegalmente en un local estatal en desuso y ahora pudiera ser desalojada por el régimen.
El inmueble que ocupó es una antigua bodega ubicada en la calle Flores, entre San Leonardo y Enamorados, en Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, y pertenece a la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.
“Vino el director de Comercio y Gastronomía y me dijo que tenía que salir de aquí, que yo no podía estar aquí, y que me iba a llamar a la Policía”, contó la joven.
Buides García, quien ya ha rebasado los cuatro meses de gestación, también explicó que donde residía con su familia no existen las condiciones necesarias para vivir con su hija menor y con el bebé que nacerá en los próximos meses.
La entrevistada enfatizó que toda su familia “está en la calle” porque las autoridades no cumplieron la promesa de prestarles un local para residir mientras culminaban las labores de restauración de su propia vivienda, inacabada actualmente. “Ya han pasado dos años y todo está igualito”, lamentó.
La joven madre dijo a CubaNet que “lo único que pide” a las autoridades es que no la desalojen y le entreguen legalmente el local que hoy ocupa. “Tengo mucho miedo de que me saquen de aquí y que me pongan una multa; yo no tengo dónde estar”, agregó.
Tras su primer parto, cuenta, solicitó ayuda a diferentes instituciones por su delicada situación de vivienda; sin embargo nunca la recibió, asegura.
“Fui a Bienestar Social [Trabajo y Seguridad Social], Vivienda [Dirección Municipal de la Vivienda de Diez de Octubre] a ver si me daban algo donde vivir con mi primera niña, pero nunca me dieron nada y ahora tengo cuatro meses de embarazo. Por eso tuve que meterme aquí, para abrirme un futuro y ver si hacen algo por mí”, precisó.
Según cuenta, las malas condiciones de su hogar también determinaron que pasara la mayor parte de su primer embarazo en un hogar materno. “En mi casa no había condiciones para yo estar allí embarazada”, precisa.
Según el periódico oficial Granma, ocupar ilegalmente un inmueble constituye un delito de usurpación, previsto en el artículo 421 del actual Código Penal. La ley indica que los autores del delito pueden recibir sanciones de entre seis meses y dos años de privación de libertad o multa de entre 200 y 500 cuotas, o ambas.
