MIAMI, Estados Unidos. — Autoridades judiciales estadounidenses han presentado cargos contra el exfuncionario Víctor Manuel Rocha, exempleado del Departamento de Estado acusado de cometer múltiples delitos federales al actuar clandestinamente por más de 40 años como agente al servicio del régimen cubano.
El Fiscal General Merrick B. Garland ha calificado el caso como una de las infiltraciones más amplias y prolongadas en la historia del Gobierno estadounidense por parte de un agente extranjero.
Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE. UU. señala que Rocha trabajó secretamente para la dictadura cubana buscando y ocupando estratégicamente cargos dentro del gobierno de Estados Unidos para acceder a información clasificada y afectar la política exterior del país.
Christopher Wray, director del Buró Federal de Investigación (FBI, siglas en inglés), destacó la gravedad de traicionar la confianza pública al actuar como agente de un gobierno extranjero mientras se desempeña en funciones gubernamentales.
La denuncia revela que Rocha mantuvo en secreto su papel como agente cubano, incluso después de dejar su empleo en el Departamento de Estado. Se le acusa de proporcionar información falsa a Estados Unidos, reunirse con agentes de inteligencia cubanos en el extranjero y emitir declaraciones engañosas para obtener documentos de viaje.
Rocha, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de 1994 a 1995 y fue embajador estadounidense en Bolivia de 2000 a 2002, también enfrenta cargos por conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación, actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación y el uso de pasaporte obtenido mediante declaración falsa.
Su comparecencia inicial ante un juez federal en Miami, ciudad en la que reside, está programada para el 4 de diciembre.
La investigación sobre Rocha, llevada a cabo por la Oficina de Campo del FBI en Miami, ha contado con la colaboración del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina de Campo del FBI en Washington. Los fiscales federales del Distrito Sur de Florida están liderando el caso.
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