MIAMI, Estados Unidos. “EE.UU. está indignado por las injustas sentencias de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo”, tuiteó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de la nación norteña.
El funcionario estadounidense también dijo que las autoridades cubanas debían liberar “a estos artistas ya todos los detenidos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
Este viernes, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Otero Alcántara había sido condenado a cinco años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
Mientras, Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) fue condenado a nueve años de cárcel por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires.
Tras dar a conocer las condenas de ambos artistas, el régimen intentó presentar a Otero Alcántara y Castillo Pérez como delincuentes comunes y no como presos políticos.
En un reporte del Noticiero de Televisión del Mediodía, la periodista Gisela García Rivero, citando a la Fiscalía, dijo que a Otero Alcántara no se le juzgaba “por su condición de artista ni por sus ideas políticas, sino por el rechazo y la indignación manifiesta de los testigos ante lo que consideraron irrespetuoso y denigrante uso de la enseña nacional en las fotos que difundió Alcántara entre 2019 y 2020”.
Asimismo, la vocera del régimen aseguró que los hechos que involucraban a los cinco ciudadanos juzgados el 30 y 31 de mayo no eran delitos contra la Seguridad del Estado. “Tipifican como delitos comunes y atentan contra el orden social, la tranquilidad ciudadana, el respeto a las instituciones y la jurisdicción de la nación”.
Además de Otero Alcánatara y Castillo Pérez, los dos últimos días de mayo de 2022 fueron juzgados Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel, por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos.
En un artículo publicado este sábado en la web de Cubalex, la abogada Giselle Morfi consideró que la motivación de la condena de Otero Alcántara y Castillo Pérez “fue la política penal del Estado de lograr un efecto disuasorio, para impedir que el resto de la sociedad, por miedo, se exprese libremente. De allí vemos el gran peligro de esta sentencia, con un evidente efecto ejemplarizante. La valoración fue completamente subjetiva, discrecional y con una finalidad completamente ilegítima que promueve una cultura de autocensura”.
“El resultado de esta y todas las sentencias contra los manifestantes del 11J representan una afectación no solo individual para los acusados, sino para toda la sociedad”, apuntó.
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