ROMA, Italia.- Las asociaciones “Cubanos por la Democracia” y “ODV Democrazia e Libertà” asistieron al Senado Italiano para mostrar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel, y con la intención de lograr el apoyo de los parlamentarios del país europeo para la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Cuba.
“La represión durante los sucesos del 11 de julio fue horrenda y sus consecuencias continúan hasta el día de hoy”, dijo el abogado Julio Rodríguez, secretario general de “Cubanos por la Democracia”, durante la audiencia realizada el pasado 30 de junio, dedicada a la protección de los derechos humanos en Cuba.
El abogado de origen cubano y residente en Italia, denunció el paupérrimo historial de derechos humanos del régimen desde los hechos del 11 de julio del 2021; además de la naturaleza política de los juicios, las violaciones procesales cometidas contra los manifestantes, así como las torturas infligidas a los presos, incluyendo a los menores de edad, como constató el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en su informe periódico de la 2630ª sesión del 3 de junio pasado.
Asimismo, aseguró que las condenas de prisión a Luis Manuel Otero Alcántara y a Maykel Castillo (Osorbo), artistas y miembros del Movimiento San Isidro, “no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, ni a las de la UE, al tratarse de delitos por causas políticas”. Señaló como responsables a la Comisión Europea y a los Estados miembros porque “toleran pasivamente” las violaciones de derechos humanos en la isla y denunció la complicidad de empresas que contribuyen a la financiación del régimen, tales como las españolas Meliá Hotels International SA y el Grupo Iberostar.
Rodríguez recordó que, a pesar de todo lo sucedido, la Comisión del PDCA se ha negado a convocar una reunión de emergencia. En consecuencia, “el PDCA, que Italia también ratificó en 2016, se incumple de forma constante, sobre todo luego de los últimos eventos”.
Julio Rodríguez concluyó su exposición con cuatro peticiones: retirar la ratificación del Acuerdo de Diálogo UE-Cuba o instar a la Comisión Europea a suspenderlo inmediatamente sobre la base del artículo 85 del mismo Acuerdo; abrir una comisión de investigación sobre el hecho de que la UE y/o Italia no hayan suspendido o cancelado el Acuerdo por la violación de su cláusula de derechos humanos; instar al gobierno italiano a que solicite a la Comisión el nombramiento de un representante especial de la UE para Cuba; y pedir a la UE la aplicación de la ley Magnitsky a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En particular, una lista específica de los responsables directos que forman parte de la cúpula militar, judicial y política del régimen.
Por su parte, Sara Sánchez, como portavoz de “ODV Democrazia e Libertà”, denunció las prácticas de esclavitud moderna que sufrieron las brigadas de médicos cubanos enviados a Italia durante la pandemia de la COVID-19. Sánchez, enfermera de profesión, criticó al gobierno italiano porque permitió el trabajo forzado de los médicos cubanos pese a las denuncias existentes ante los organismos internacionales y la ONU por las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos tantos los médicos como sus familiares. “Subrayo que el gobierno italiano pagó por esta solidaridad, no fue gratis”, puntualizó.
No más dinero a la dictadura
El presidente de “Cubanos por la Democracia”, Marco Pellitero, pidió la extinción de las ayudas de la Cooperación Internacional Italiana a Cuba, “porque no están llevando progresos en la defensa de los Derechos Humanos” de la Isla.
Además, aprovechó para evidenciar cómo el gobierno de Italia financia a la dictadura comunista a través de los recursos de la Cooperación Internacional, “por ejemplo, sólo en los últimos cinco años han recibido cerca de 28 millones de euros”. En efecto, la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo pagó a Cuba, entre 2017 y 2021, 28.982.993,33 € a través de sus diversos programas, con una media anual de 7.314.527,31 euros.
Y, por si fuera poco, denunció que “la viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (Marina Sereni) acordó una aportación adicional al régimen comunista de 12 millones de euros los próximos tres años”. Pellitero explicó a los parlamentarios italianos que la dictadura siempre ha utilizado de manera “fraudulenta” los fondos enviados por Italia y las organizaciones internacionales para financiar la represión de los cubanos.
“Las asociaciones de la sociedad civil del régimen cubano responden directamente al régimen y actúan como mecanismos de control de la sociedad, como organizaciones paramilitares que ejercen represión violenta de todo aquel que se manifieste contra la dictadura”, subrayó.
En consecuencia, los fondos de la cooperación italiana “deben ser destinados a la verdadera sociedad civil integrada por los defensores de los derechos humanos en Cuba, los presos políticos y sus familias, así como al fortalecimiento de las asociaciones cubanas en Italia y Europa que luchan por la restauración de la democracia”, afirmó.
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