MADRID, España.- El régimen cubano tiene encarcelados a 1 026 presos políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna de acuerdo al reporte mensual de la organización Prisoners Defenders.
El mes de octubre de 2021 comenzó con 442 prisioneros políticos. Desde entonces hasta el 30 de septiembre de 2022, otros 819 presos políticos más se han sumado para un total de 1 261 prisioneros políticos durante estos 12 meses, y han salido de prisión 234.
La clasificación actual de ellos es: 766 Convictos de Conciencia, 231 Condenados de Conciencia y 29 casos de Otros Presos Políticos.
De estos 1 026 prisioneros políticos 34 son menores de edad: 24 están cumpliendo sentencia y diez están siendo procesados penalmente, destaca el documento.
En el mes de septiembre de 2022 el Gobierno cubano encarceló a otras 36 personas por motivos políticos, en su mayoría relacionados con las protestas populares que acaecieron en la Isla durante el citado mes.
Al referirse a estas protestas Prisoners Defenders denunció que la dictadura cubana activó “un amplio despliegue de policías y militares, algunos en ropa de civil, pero con botas de campaña que desvelaba su pertenencia militar, para reprimir a los manifestantes con una violencia brutal”.
Con respecto a la violencia militar, la organización refiere que el régimen cubano “se ha hecho adicto en tan solo dos años al uso de una de las pocas palancas de poder que había administrado cual cirujano durante años contra la diferencia de opinión”.
“Siempre fue el sostén más firme de la dictadura, pero siempre tuvo a mano otras tres palancas de poder a pleno rendimiento que le permitían mostrar una falsa cara amable mientras usaba la violencia de Estado de forma discriminada. El uso del poder militar en auge surge cuando las otras tres palancas de poder están colapsando: la falsa pero creada “superioridad ideológica” (interna y externa), las relaciones internacionales y los ingresos ilegales de divisas”, se lee en el informe.
Las personas arrestadas por las protestas del último mes serán procesadas mediante el Procedimiento Penal Sumario por Atestado Directo, señala la organización.
En este sentido explicó que el Atestado Directo “es un proceso policial, no judicial propiamente dicho en el que el policía concierta la vista con el juez en menos de 96 horas, y el acusado acude en la gran mayoría de los casos sin abogado. (….) Las sentencias son orales, inmediatas y no se redacta acta de sentencia ni se reflejan los argumentos penales condenatorios, lo que hace imposible toda futura defensa”.
Al respecto Prisoners Defenders consideró: “Todo un teatro macabro fuera de toda legalidad internacional y lógica jurídica. En Cuba, los juicios sumarios se aplican en más del 50 % de los casos penales de los tribunales municipales, que es donde se centra más del 80 % de la actividad penal de la Isla”.
El documento también menciona los ingresos ilegales del régimen: las misiones en esclavitud, las remesas de dinero para la supervivencia de los familiares en la Isla, de las que el gobierno ha retenido hasta más del 70 % en comisiones y tasa de cambio y el turismo, que “se produce mediante trabajadores cubanos en esclavitud por los que la empresa hotelera extranjera paga 1 000 dólares, pero reciben solo 40 (un 4 %) porque el resto lo confisca la agencia de empleo estatal”.
En cuanto a la situación actual, Prisoners Defenders consideró que Cuba “está a punto de vivir un colapso final ideológico, político y social, sumado al colapso económico ya presente”, y todo ello llevaría “irremediablemente a la caída del régimen, algo muy ansiado por la gran mayoría de los cubanos”.
No obstante, “si los organismos y naciones democráticas no toman partido enérgicamente, el pueblo sufrirá una represión militar que hará lamentar numerosas muertes, miles de detenidos, éxodo, presos políticos, torturas y violaciones escatológicamente extremas de los derechos humanos”, agregó.
Cada mes Prisoners Defenders hace pública su lista de presos políticos y análisis de la situación del país. Este informe es distribuido en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos.
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