HARRISONBURG, Estados Unidos. — Recientemente, el Observatorio de Derechos Sociales en Cuba (ODS-Cuba) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) realizaron un estudio sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba que contó con la participación de expertos internacionales y de 891 cubanos residentes en 11 de las 16 provincias del país.
En su introducción el documento afirma que en las últimas décadas mejoraron las relaciones entre el Estado y la jerarquía de algunas iglesias, pero los datos que proporciona seguidamente demuestran que el derecho de libertad religiosa en nuestro país todavía está muy lejos de considerarse garantizado.
La mencionada mejoría de esas relaciones consistió en pequeños gestos del poder que legitimaron acciones propias de la labor pastoral de toda Iglesia, entre las que podemos citar el acceso de algunos líderes religiosos a los medios de comunicación, así como la posibilidad de realizar procesiones religiosas en fechas muy puntuales. En sentido general, la acción de las iglesias continúa constreñida a sus templos. Acciones normales en cualquier otro país, como son el acompañamiento a reclusos, enfermos hospitalizados o la realización de charlas en contra del aborto son obstaculizadas en Cuba. Las iglesias también se ven limitadas en cuanto a hacer llegar ayuda procedente del exterior porque los comunistas exigen que sea entregada por ellos.
Aunque hablar de la eficacia del principio de legalidad en Cuba sería similar a algo así como esperar productividad de un viñedo en la luna, resulta significativo el desconocimiento de los pocos recursos legales que tienen los ciudadanos ante cualquier violación de sus derechos, pues dos de cada 10 entrevistados desconoce cómo y ante quién denunciar esa vulneración, lo que se traduce en que sólo el 20% de ellos sabe cómo hacerlo, mientras que el 76% lo desconoce.
El 67% de los entrevistados (596) que participaron en la encuesta conoce a otro cubano que ha sufrido amenazas, represión y hasta cárcel por profesar su fe.
El estudio revela que entre los obstáculos que sufren los creyentes cubanos está la discriminación social y política, ejemplificada en la imposibilidad de acceder a puestos de trabajo importantes y mejor remunerados, así como a cargos públicos en los que resulta imprescindible demostrar fidelidad absoluta hacia la dictadura. Este tipo de discriminación —aunque el informe no lo señala— también continúa ejerciéndose sobre los religiosos al momento de optar por el estudio de determinadas carreras universitarias.
Por décadas, los comunistas cubanos han impedido la construcción de nuevas iglesias propiciando la extensión de las “casas de culto” por todo el país. Al no estar reconocidas como sitios legales para la profesión de la fe, estos inmuebles y sus moradores se convierten en objeto de acosos y amenazas por parte de la Seguridad del Estado y del departamento del Partido Comunista dedicado a la atención de los asuntos religiosos en cada provincia. Dichos lugares han sido blancos reiterados de la represión de la la policía política y su rémora, “el pueblo revolucionario”, caracterizada por apedreamientos, actos de repudio y hasta la demolición de los inmuebles. A ello se suma la prohibición de que líderes de esas denominaciones religiosas viajen al extranjero.
Después de las protestas del 11 de julio del 2021 algunos sacerdotes católicos y pastores protestantes han sido identificados como “enemigos del pueblo” por las fuerzas represoras del Estado debido a sus contundentes denuncias en las redes sociales y al poder que pueden alcanzar en diferentes comunidades. Algunos de ellos han recibido citaciones para ser interrogados, amenazados y detenidos arbitrariamente.
Otro hecho que demuestra que el principio de igualdad ciudadana expuesto en el artículo 42 de la Constitución cubana es otra quimera de los comunistas es la prohibición de que las iglesias puedan tener sus medios de comunicación o acceder libremente a los que están bajo el control oficial. De esta forma se limita ostensiblemente la participación de este sector de la sociedad en el debate de medulares asuntos. El más reciente ejemplo de tal discriminación fue la exclusión de la Iglesia Católica de la comisión nacional encargada de la redacción final del Código de las Familias, aprobado el pasado 25 de septiembre en un amañado referendo. La exclusión de los religiosos cubanos de estos análisis —y también la de otros ciudadanos que no comulgan con el proyecto impuesto por los comunistas— resulta otro mentís rotundo a la presunta democracia, pluralidad y tolerancia que proclaman los alabarderos del régimen y que presuntamente garantiza el artículo 1 de la Constitución.
Por esa razón algunos sacerdotes y pastores tratan de abrir un camino a la fe en las redes sociales, labor que tampoco está exenta del escrutinio del Estado. Tan es así que el 60% de los religiosos entrevistados (534) consideran riesgoso abordar asuntos relacionados con la fe públicamente.
Una de las partes más interesantes del informe es la que aborda la opinión de los entrevistados con respecto a la situación nacional, pues la investigación arrojó que el 64% de ellos consideró que el país va por un mal camino, el 16% estimó que el país va en la dirección correcta y el 21% declinó contestar la pregunta, lo cual demuestra cómo el miedo sigue incrustado en amplios sectores de nuestra sociedad.
Las dificultades, discriminaciones, acosos y represiones sufridas por los cubanos que profesan una fe religiosa, expuestas sucintamente en el informe, demuestran por qué en Cuba también se viola el derecho a la libertad religiosa, presuntamente garantizado en el artículo 15 de la Constitución. Por esa razón el informe concluye certeramente: “Las libertades religiosas no se agotan en el hecho de que exista cierta libertad de culto (vedada para algunos grupos independientes) o que se autoricen permisos circunstanciales para realizar procesiones u obras de refacción en algunas iglesias, tienen que ver principalmente con la libertad de conciencia y la posibilidad de que toda persona o agrupación religiosa pueda actuar acorde a los criterios de su fe, no solo en su vida privada, sino fundamentalmente en los espacios públicos. Esto incluye el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, el derecho de las comunidades religiosas y agrupaciones laicas a participar activa y autónomamente en proyectos de incidencia comunitaria, o el derecho de un cristiano a ser crítico con el gobierno o a actuar políticamente inspirado en los principios y valores de su fe sin ser molestado o discriminado por ello”.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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