LA HABANA, Cuba.- Durante mucho tiempo los gobernantes cubanos representaron el papel de “buenos de la película” en materia de empleo. Había un puesto de trabajo disponible para cada ciudadano que arribara a la edad laboral, al tiempo que esgrimían esa condición como una supuesta ventaja del sistema socialista.
Claro, lo que no decían los ideólogos de la nomenclatura cubana era que aplicaban una máxima que ha resistido la prueba del tiempo: la ineficiencia crea pleno empleo.
En empresas y entidades irrentables, con plantillas infladas y buena parte de su colectivo laboral sin contenido real de trabajo para una jornada de ocho horas, siempre cabía un trabajador más. Total, papá Estado con la ayuda del “amigo” externo de turno (casi siempre la Unión Soviética) se encargaba de resolver el problema.
Desde hace algunos años, más o menos cuando el gobernante Raúl Castro empezó a hablar de la actualización del modelo económico cubano, los dirigentes de la economía castrista incorporaron a su discurso, e incluso pusieron en práctica de una manera limitada, un proceso de reducción de plantillas infladas en entidades y empresas estatales.
Mas, era tanta la masa laboral a reubicar o quedar clasificada como interrupta, que al parecer la cúpula del poder optó por no llevar el proceso hasta las últimas consecuencias.
Ahora, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al referirse a las medidas que se tomarán con vistas a intentar reducir el déficit presupuestario, expresó que la isla “también se aboca a un redimensionamiento del sector presupuestario, optimizando su funcionalidad, al no corresponderse con los niveles de actividad económica del país, y donde no son pocas las plantillas infladas y el subempleo”.
Y para completar la idea apuntó que “este redimensionamiento, que implicará reubicaciones laborales, entre otras respuestas, siempre se hará desde los principios inalterables de justicia social de nuestro modelo, y promoviendo que trabajadoras y trabajadores se empleen en puestos útiles para sí y la sociedad”,
Imaginamos el temor de los cientos o miles de trabajadores del abultado sector presupuestado ante estas declaraciones del “jefe de estado mayor” de la economía castrista. Ser reubicado laboralmente significa tener que aceptar la plaza que le propongan las autoridades a cualquier trabajador. De lo contrario, es decir, si no se acepta la nueva plaza, el trabajador es declarado interrupto, con cobro del 60% del salario básico el primer mes, y a partir de ahí desprotección salarial total si se considera que la no aceptación fue injustificada.
Ha trascendido, por ejemplo, que muchos trabajadores, de ambos sexos, que hoy trabajan en oficinas del Ministerio del Transporte, deberán dejar esas plazas para convertirse en inspectores del transporte. O sea, tendrán que ir a las paradas de guaguas más concurridas para lidiar con los pasajeros y los choferes de ómnibus y autos estatales, y hacer que estos últimos recojan pasajeros si cuentan con asientos disponibles. ¡Menuda tareíta!
Pero nadie piense que este redimensionamiento que ahora se anuncia se quedará solo en el sector presupuestario. Este sería el primer paso para después extenderlo al sector empresarial. Abundan los informes que insisten en el déficit de fuerza de trabajo en sectores claves como la construcción y la agricultura. Y mientras eso sucede, las oficinas de las empresas de esos sectores de la economía permanecen llenas de empleados.
Va llegando la hora de que quede al descubierto en esta película que el papel de “bueno” que el castrismo se adjudicó no fue más que una farsa.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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