LA HABANA, Cuba.- No hay dudas de que la hiperinflación que se observa en la economía cubana es uno de los problemas que más preocupa a los gobernantes de la isla debido a las distorsiones que ese proceso genera. Y, por supuesto, angustia sobremanera a la población, que contempla cómo los altos precios hacen añicos en muy corto tiempo los salarios y las pensiones del ciudadano de a pie.
Tales razones motivaron que el tema de la inflación ocupara un lugar central en la intervención que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, desarrollara en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al funcionario no le quedó más remedio que dar una mala noticia ─que por demás lo palpan en las calles los cubanos─, y es que la inflación, en este primer semestre del 2022, ha crecido un 28.8% con respecto a igual período del año anterior.
Al referirse a las medidas que su gobierno podría adoptar para combatir la inflación, Alejandro Gil apuntó que existen respuestas técnicas para ello, como aumentar las ofertas, estabilizar los mercados, e intentar un incremento de los niveles productivos.
Mas, a renglón seguido, el ministro castrista, despojándose de los tecnicismos, declaró: “Pero hay que poner los pies en la tierra, y nuestro modelo económico es diferente al mundo, y no podemos aplicar todo lo que dicen los libros de economía de mercado. No obstante, tenemos el deber y el derecho de no permitir los precios abusivos, aunque tengan fundamento en la escasez, y buscar las maneras de controlarlos a nivel territorial y con mayor control popular”.
Es decir, que la clasificación de “modelo económico diferente al mundo”, esbozada por el ministro, le brinda al castrismo una especie de patente de corso para eludir las respuestas técnicas ─que serían las aplicadas universalmente en casos como este─, y en su lugar acudir a lo que la cúpula gobernante sabe hacer muy bien: fiscalizar, multar, prohibir, cerrar establecimientos, y hasta tirar las turbas pro gubernamentales contra los negocios no estatales.
Aunque el discurso del régimen para contener la inflación se refiere también al sector estatal de la economía, resulta evidente que el blanco favorito de las autoridades es el sector no estatal de la economía, y en especial los trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales deberán pasar próximamente al formato de Mipyme o cooperativa no agropecuaria en caso de tener más de tres trabajadores contratados.
Las autoridades tributarias, al parecer, no acaban de entender que el método de oferta-demanda es el único mecanismo razonable al que pueden acudir los no estatales, en especial los cuentapropistas, para formar sus precios de venta. En cambio, les están exigiendo con frecuencia fichas de costo para llegar a esos precios.
Cualquiera puede imaginar lo irracional y extenuante que resulta, en un negocio donde haya solo dos o tres empleados, confeccionar fichas de costo para quince o veinte surtidos, que son los que ofertan como promedio las cafeterías privadas.
Y como van los acontecimientos, la no existencia de tales fichas puede conducir a que cualquier precio sea declarado abusivo, y en consecuencia el propietario del negocio sea víctima de la reacción gubernamental, por supuesto alejada de las respuestas técnicas que el ministro Alejandro Gil ha desdeñado.
Por otra parte, destaca la manera en que el castrismo se contradice una vez más. Tanto en la Conceptualización del Modelo Socialista, como en intervenciones posteriores del propio Alejandro Gil, se insistió en que los métodos administrativos de dirección iban a dar paso a los mecanismos económicos. Y, en verdad, no hay nada más administrativo que ignorar la oferta-demanda, y establecer un precio topado de porque sí.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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