MADRID, España. — Alguien tendría que avisar a los comunistas cubanos que la soberanía y seguridad alimentaria no se consigue publicando leyes y normas, sino produciendo en el campo más y mejor. Que con la comida de los cubanos no se juega. El camino elegido por los dirigentes comunistas cubanos para lograr lo que denominan soberanía y seguridad alimentaria es equivocado, y una vez más van a fracasar en el intento.
Uno de los mensajes que repite de forma machacona la prensa oficial castrista es que la producción de alimentos es una de las prioridades del Estado cubano. Pero luego, el ciudadano de a pie, perdido en cualquier cola para conseguir algo qué comer, se da cuenta que todo es palabrería. Se habla de la creciente desafección de los cubanos hacia los dirigentes, algo que no se consigue frenar desde la adopción de la Tarea Ordenamiento, pero en este tema de la comida, los cubanos llevan razón. Las ocurrencias de los dirigentes rayan en el ridículo.
Tal vez por ello las discusiones y la propaganda relativa a la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 67 de 2022 del Consejo de ministros, publicado el pasado jueves en la Gaceta Oficial No. 77 Ordinaria de 2022) han atraído poco o nada la atención de los cubanos, que han dado la espalda a estos tejemanejes de la cúpula dirigente.
La ley es mejor ni leerla. Parece describir o estar destinada para ser aplicada en otro país donde existe una oferta regular de alimentos para la población. Quizás los redactores copiaron y pegaron textos que ya se están aplicando en otras economías que no presentan la misma problemática de escasez de oferta que Cuba.
En todo caso, parece evidente que el régimen ideó esta ley cuando a mediados de 2019 comprobó con pavor que Cuba había sido incluida entre los países calificados de grave riesgo alimentario por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA), al mismo nivel, nada más y nada menos, que Haití. Y entonces llegó la feliz idea de los dirigentes: había que mostrar a la ONU y a los observadores internacionales que Cuba entendía el mensaje y, en vez de incrementar la producción agropecuaria, apostó por la institucionalización del conflicto, llegando a lograr alguna donación a fondo perdido para elaborar la susodicha ley, que entrará en vigor en unos días.
De ese modo, la Ley pasó a ser el referente ante Naciones Unidas, que se suele conformar con este tipo de reacciones políticas. Así, en su contenido, se incluyeron propuestas para perfeccionar los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, con las capacidades endógenas locales y proteger el derecho de las personas a una alimentación sana y adecuada. Todo muy llamativo sobre el papel, pero lejos de concretarse en la realidad. Además, medidas de dudosa aplicación en el sistema económico de la Constitución de 2019.
Los cubanos saben, por experiencia, que este tipo de cosas rara vez funciona, y así la confianza que ha despertado el plan nacional de soberanía alimentaria y educación nutricional, aprobado en julio de 2020 y presentado por los dirigentes del Ministerio de la Agricultura, es más bien escasa. Nadie en su sano juicio cree que con una ley como esta, referida a los sistemas alimentarios locales, se vaya a resolver el problema cotidiano de la comida.
Los castristas idearon, por medio de esta ley, un traslado de competencias a los órganos municipales en la búsqueda de soluciones a los graves problemas alimentarios del país, lo que supone más Estado, pero a nivel local. Evidentemente, no es la solución, porque en ningún momento se confía en la iniciativa privada, y las autoridades, entreteniéndose en regular las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena alimentaria, desatienden lo fundamental, que es lograr explotaciones agropecuarias que alcancen rendimientos crecientes a escala y puedan producir con rentabilidad sostenible.
Como ocurre en todos estos casos, la ley no escatima la creación de figuras jurídicas y organismos de intervención de diversa índole, como las nuevas comisiones de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que a nivel nacional dirigirá Manuel Marrero, y de las que son parte los productores agropecuarios, como meros asistentes y con una influencia limitada.
Las autoridades han destacado que en el proceso de elaboración y consulta de la Ley han participado muchos organismos y que, por el impacto que tiene en la población, se ha compartido el contenido con los distintos sectores de la sociedad, pero cualquier guajiro sabe que este tipo de normas, por su contenido y alcance, forma parte del tipo de regulaciones que se elaboran en los despachos de la burocracia castrista, y que cualquier referencia a la participación es de mera comparsa.
De hecho, algunos creen que otro diseño de ley habría sido mucho más acertado y que se ha perdido una oportunidad para introducir, por medio de esta norma, las reformas estructurales que son necesarias para que el sector agropecuario pueda dar de comer a toda la población. Habrá que esperar.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.
