LA HABANA.-En Pequeñas crónicas de grandes días (1990), el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz describe dos maneras en que el Estado puede asumir su papel dentro de la actividad económica. Según Paz, cuando el Estado es limitado en tamaño y funciones, actúa como árbitro neutral entre los actores económicos, respeta la propiedad privada y deja que el mercado funcione. Ese es el Estado justo.
En cambio, cuando el Estado crece de forma desmedida, sustituye el mercado por la planificación, regula los precios y bloquea la propiedad privada, se convierte en un Estado propietario.
Cuba encaja plenamente en esta última categoría. En una sociedad totalitaria dirigida por una camarilla aferrada al poder, el Estado propietario domina no solo el ámbito político, sino también todas las esferas económicas: producción, servicios, distribución de la —ya reducida— riqueza nacional y gestión de la inversión extranjera.
Paradójicamente, esa omnipresencia estatal no dinamiza los procesos: los ralentiza y los enreda en una burocracia interminable. La trayectoria reciente de la inversión foránea en Cuba confirma esa realidad, pese al discurso oficial que insiste en que esos capitales son imprescindibles para reactivar la economía.
Aunque la información pública sobre el avance de la inversión extranjera es escasa, todo indica que su ritmo lento e inestable preocupa al propio régimen. Prueba de ello fueron las palabras del primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional, en julio pasado, cuando afirmó: “Se han aprobado y están en proceso de implementación medidas y acciones para dinamizar la inversión extranjera, como simplificar, flexibilizar y dinamizar los procesos de evaluación y aprobación de proyectos y negocios”.
Hoy Marrero recorre Arabia Saudita y Qatar con la aspiración de atraer inversionistas de esas naciones petroleras. Sin embargo, es probable que, como ya ocurrió con empresarios de múltiples países, cualquier interés quede frenado por la conducta misma del Estado propietario.
En los países donde prevalece el Estado justos los gobernantes no se sienten dueños del país: se conciben como servidores públicos, con mandatos limitados y la obligación de anteponer el interés nacional sobre sus aspiraciones privadas. Por eso la inversión extranjera se adopta sin temor.
En Cuba sucede lo contrario. La falta de simplificación, dinamismo y flexibilización —a la que aludió Marrero— no es casual: responde a los intereses, privilegios y cuotas de poder de quienes integran el Estado propietario, que temen perder control ante una inversión extranjera verdaderamente libre y competitiva. Y, claramente, están decididos a no ceder.
Por esa razón, los cubanos que anhelamos democracia y Estado de derecho reclamamos la instauración urgente de un Estado justo en nuestra patria.
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