LA HABANA, Cuba ― Desde hace ya al menos un lustro es habitual que el pago de chequeras a pensionados y jubilados se dificulte sobremanera: o se atrasan los depósitos de efectivo, o no hay corriente en la sucursal, o no hay conexión, o no hay billetes en el cajero automático, de modo que no poder cobrar en un banco es más frecuente que tener éxito en esa empresa, pues no es de ahora que el Estado cubano no tiene la capacidad —o la voluntad— de cumplir con esa obligación.
Finalmente, los administradores de la finquita han comenzado a delegar en los cuentapropistas el pago de retiros y pensiones a nuestros ancianos. De momento, se ha estado implementando en las últimas semanas una serie de mecanismos e incentivos para aquellos trabajadores privados que se sumen a la iniciativa, como eximirlos de la obligación de aceptar el incómodo e indiscreto pago en línea (incómodo e indiscreto para el comerciante, se entiende, toda vez que cada operación digital expone sus transacciones financieras al escrutinio de los implacables comisarios económicos).
No sería de extrañar que más pronto que tarde la responsabilidad del pago de pensiones y retiros recaiga oficial y enteramente en manos privadas. ¡Para el caso…!, dirán algunos. Y no les faltaría razón. Pues para el buen observador es cada vez más patente que en Cuba la institución Estado o, mejor dicho, sus secuestradores, se han ido desentendiendo, sin prisa, pero sin pausa, de todos sus deberes para con el pueblo. En esa tesitura, agromercados estatales otrora gestionados por el Ejército Juvenil del Trabajo han pasado a la variante de oferta y demanda. Una reconversión que en principio pudiera sugerir un mayor abastecimiento, pero que en la práctica para el cubano de a pie se ha traducido, ni más ni menos, en más robo, menos calidad y más altos precios. Inconveniente este último que se ve reiterado en cuanto servicio haya sido asumido por entidades privadas, como es el caso de los recién creados —pero largo tiempo urdidos— Mercados de Barrio.
Insensibles a este hecho, no obstante, a los gobernantes antillanos no les ha temblado el pulso para traspasar el peso de sus obligaciones al sector privado, a la vez que fraccionan y reparten su hacienda —en calidad de encomienda, ojo— entre sus apoderados de más confianza. Una jugada genial. Se habla de casas de cambio de moneda, de farmacias privadas, e incluso de funerarias rentadas o administradas —al menos parcialmente— por particulares. Así ha ocurrido en la ubicada en la avenida Santa Catalina, en el municipio Diez de Octubre. La diferencia es visible: paneles solares para exorcizar las tinieblas, un espacio destinado a la venta de flores y coronas y una flamante cafetería a disposición de los dolientes.
Sea como fuere, en la práctica cada aspecto concerniente al funcionamiento de nuestro país ha tenido o tendrá que ser asumido de una forma u otra por los ciudadanos. En consonancia con dicha tendencia, servicios públicos indispensables como el transporte, la atención de salud, la gastronomía y la recogida de desechos sólidos ya prácticamente se cubren o bien mediante diligencias personales o bien por empresas o gestores privados. También han quedado en manos de la población cuestiones tan graves como la seguridad ciudadana (incluyendo el patrullaje de los vecindarios y la administración de una versión más bien medieval de la justicia), pues a día de hoy la única atención que recibimos de parte de nuestros dirigentes es la que procede del aparato represivo.
Y es que en su hora más lóbrega el castrismo ha sabido mutar una vez: acaso ahora asistimos a la génesis de una especie de feroz capitalismo clientelar, pues cabe suponer que son los afectos al régimen los principales privilegiados —si no los únicos— llamados a maquinar sus jugadas en este fragmentado tablero de Monopolio que es hoy la mayor de las Antillas.









