VILLA CLARA, Cuba. ─ Hace más de un mes que Josué decidió vender una bicicleta eléctrica que había adquirido de segunda mano para comprar comida para su familia. El anuncio no permaneció más de tres días en Revolico y le abonaron 20 000 pesos por la máquina que había estado alquilada en un gimnasio particular de la ciudad. “Cada mes, me entraba un dinero fijo por el uso de esa bicicleta”, afirma. “Esos equipos no se encuentran fácil y los gimnasios particulares se fueron armando así, con cosas de aquí y de allá. Cuando cerraron el negocio, pensé en esperar un tiempo, hasta que me di cuenta que mi gente no podía pasar trabajo teniendo algo de tanto valor”.
Como este muchacho, padre de dos niñas, y el propio dueño del gimnasio en el que trabajaba, muchos otros jóvenes vieron sus expectativas truncadas y gran cantidad de dinero invertido en vano cuando se paralizaron en la provincia todo tipo de actividades que no guardaran relación con la venta o elaboración de alimentos en el sector no estatal. Con peor suerte corrieron los propietarios de hostales, bares y cafeterías que garantizaban empleo a un número importante de trabajadores subcontratados en sus negocios, tanto personal de limpieza como cocineros, dependientes o bartenders y que, en su mayoría, se encuentran desempleados y sin muchas posibilidades de encontrar alguna plaza disponible en el sector estatal.
Desde el pasado 29 de junio, en aras de contener el aumento de casos diarios de COVID-19, las autoridades decidieron suspender cualquier tipo de actividad “no indispensable para la población”. A raíz de la medida, los dueños de negocios tales como gimnasios, peluquerías, talleres de reparación, vendedores de útiles del hogar o artículos de cumpleaños, poncheras, parqueos de bicicletas, etc., debieron cerrar hasta nuevo aviso, afectando considerablemente sus ganancias regulares sin ningún amparo económico posible.
Sin embargo, gran parte de los encuestados han decido mantener sus licencias, porque temen que no les sean otorgadas en una segunda oportunidad, aunque se desconoce la cifra exacta de trabajadores por cuenta propia en el municipio cabecera que eligieron dicha variante. La prensa local solo ha hecho alusión a un incremento de las solicitudes para ejercer como TCP y ha mencionado la petición de cerca de 3 312 licencias en marzo del presente año para dicha modalidad en las direcciones de trabajo municipales.
“Se pensaba que los trabajadores por cuenta propia íbamos a ser millonarios, pero somos el sector que más obstáculos nos han puesto”, refiere Daimaris Vargas, una vendedora de ropa importada que ha devenido en dependienta contratada en una galletería en Santa Clara, función que está permitida solo hasta la 1:00 p.m. “Estamos ganando, prácticamente, el salario mínimo. La estamos pasando en un solo pie y no sabemos hasta cuándo. Además, la población necesita de esos servicios, como en mi caso, pensando como población también, porque nadie puede andar con un zapato despegado o con equipos rotos en la casa sin tener a donde llevarlos”.
En los últimos cinco años, de acuerdo con cifras oficiales, más de 600 000 cubanos ejercen el trabajo por cuenta propia. No obstante, la página del Ministerio de Finanzas y Precios reconoce que las condiciones generadas por la pandemia afectaron el ejercicio de los TCP y, como medida paliativa o compensatoria a la pérdida de ingresos durante el pasado año, se exoneraron del pago anual del impuesto sobre los ingresos personales a aquellos cuentapropistas que estuvieron suspendidos por seis meses o más. El propio sitio precisa que “se encuentran en exoneración del pago de impuestos y tasas a más de 247 300 trabajadores por cuenta propia que fueron suspendidas por las autoridades competentes o a solicitud personal y, en consecuencia, a los trabajadores contratados de esas actividades”.
En Villa Clara, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) interrumpió los términos para la realización de trámites legales por un período de 60 días, al igual que los relacionados con el Registro de Contribuyentes. Sin embargo, paralizar el pago de impuestos no significa para estos dueños de pequeños negocios un alivio real ante la crisis que se les ha impuesto. Muchos de ellos preferirían trabajar con la menor cantidad de personal contratado, manteniendo las medidas higiénicas y atendiendo un número reducido de personas por día, aunque no generen grandes ingresos.
A través de redes sociales y, a expensas de ser multados, muchos cuentapropistas ofrecen sus servicios a escondidas para garantizar una entrada de dinero mensual a sus hogares. La mayoría de los propietarios de talleres de celulares y computadoras han optado por colocar sus números telefónicos en las puertas de los establecimientos alquilados para ofrecer una asistencia a domicilio, aunque esta modalidad tampoco está permitida con las nuevas regulaciones.
Tal es el caso de Yamilé, una peluquera de Santa Clara que arrendó hace tres años un local para ejercer en el centro de la ciudad. Cuando aseguró una clientela estable subcontrató a otras dos jóvenes del mismo sector que se dedicarían a la manicure y el arreglo de cejas. “Yo pagaba el arrendamiento del local con el ingreso que generaba mi trabajo. Las otras dos muchachas abonaban un por ciento para el alquiler, en dependencia de lo que hicieran, porque tenían menos clientes que yo y no quería ser abusadora. Era como una cooperativa, pero no estaba legalizada como tal”.
Hace más de un mes que Yamilé y sus trabajadoras tuvieron que suspender el servicio a causa de las nuevas medidas tomadas en la provincia para restringir la movilidad de personal y eliminar la prestación de este tipo de negocios que no guardaban relación con la venta o elaboración de alimentos. “En mi caso, hago algunos arreglos en la casa, con la puerta cerrada, a clientes conocidas que vienen a pelarse o darse un tinte, pero no es lo mismo, no puedes apretar con los precios. Además, he tenido que continuar el pago del local que arrendé a un 50 por ciento para mantenerlo hasta que pueda volver a trabajar allí, porque la dueña también tiene que vivir y, si no lo hago así, se lo alquila a otra persona que se dedique a vender alimentos”.
De acuerdo con esta peluquera y otras jóvenes dedicadas a los servicios de belleza entrevistadas para este reportaje, sus ganancias no sobrepasan los 3 500 pesos mensuales, teniendo en cuenta que lo realizan al margen de lo establecido y el alto costo de los productos en el mercado informal como los tintes, el peróxido, las cremas para keratina y hasta el champú y acondicionador, solo comercializados en las tiendas en MLC.
“Pelarse o depilarse las cejas también es algo prioritario para cualquier mujer u hombre”, prosigue Yamilé, que defiende su derecho a ejercer su trabajo por cuenta propia de forma consciente, protegiéndose ella y su cliente. “Para la peluquería se usan guantes y máscaras. Con todas las cosas feas que estamos viviendo si, para colmo, te miras al espejo y te ves desaliñada, puedes hasta estresarte. Las tiendas por moneda extranjera están abiertas y con tremendas colas. Cada vez que sacan algo en una placita o en la casilla ves a la gente unas encima de otros. Ahí es donde se transmite el coronavirus, no en una peluquería”.
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