CDMX, México. – Cuando sus amigas la contactaron para alertarla, ya N. había visto las fotos. Quien compartió las imágenes, la etiquetó para asegurarse de que no las pasara por alto.
Eran fotos de ella en ropa interior o sin sujetador que un par de perfiles falsos, sin actividad previa, habían publicado en Facebook. Los usuarios fueron creados con fotos de perfil y nombres ajenos, únicamente para exponer a la muchacha, pero N. supo de inmediato quién estaba detrás. Su expareja era la única persona que tenía estas fotos. Además, días antes le había advertido de su venganza en un mensaje de WhatsApp.
“Cuando terminé con él, me dijo que debía devolverle todo lo que me había regalado o publicaría mis fotos íntimas. Él me había dado cosas de valor, entre ellas una moto. Yo le dejé todo en su casa. Sin embargo, unas horas después compartió mis fotos en Facebook. También las puso en el grupo de compraventa del pueblo donde vivo”, explicó N. a CubaNet.
En un pueblo pequeño como Mayajigua, en la provincia de Sancti Spíritus, algo así no pasa inadvertido. Muchos vieron las fotos de N.: su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos, y también completos extraños. “Estuve semanas sin querer salir de la casa, llorando de la vergüenza”, dice.
Las fotos de la muchacha iban acompañadas de mensajes ofensivos: “ladrona”, “mentirosa”, “esquizofrénica”. Quien estaba detrás de la venganza sabía, o al menos intuía, que añadir comentarios vejatorios a los mensajes intensifica el castigo social.
Para completar, el exnovio y presunto autor de la venganza digital acusó a N. de pintar mensajes contra el Gobierno en muros públicos; algo que la joven nunca ha hecho y por lo que el régimen de la Isla condena incluso con penas de cárcel. A las imágenes, además, les escribió el número de teléfono de la muchacha para que la contactaran.
“Empezaron a escribirme números desconocidos con mensajes sexuales y pidiéndome más fotos. Yo los bloqueaba enseguida, pero me escribían nuevos. Fue muy humillante”, apunta N.
El efecto inmediato del acoso digital es el desasosiego y el retraimiento de quien lo sufre. La primera sensación es la vergüenza de que te asocien a un acto “sucio”, luego viene el arrepentimiento, el “no debí confiar en él”. La víctima suele culparse y ser culpada por los demás, aunque el responsable es solo uno: quien la expuso.
Después de casi cinco años de relación, N. decidió terminar con su pareja, un cubano residente en Estados Unidos. Él, negado a aceptar la ruptura, comenzó a acosarla por cada red social y aplicación de mensajería. Cuando ella lo bloqueó en cada espacio, entonces comenzó a llamar y escribir al celular de su mamá. “Confiaba en él y aunque hubo algunas señales de su comportamiento obsesivo y controlador, no imaginé que alguien que me juraba amor podía llegar a lastimarme tanto”.
La mayoría de las víctimas de la violencia en línea suelen ser mujeres, acosadas o controladas por exparejas o desconocidos. A ellas las amenazan, como hicieron con N. Es una manera de controlarlas, o directamente de llegar a la extorsión, la llamada pornovenganza.
En los últimos años varios países han incorporado a sus legislaciones sanciones contra la ciberviolencia y el acoso. En México, por ejemplo, se aprobó la Ley Olimpia que sanciona con multas y hasta cárcel a las personas que violen la intimidad sexual de otras a través de medios digitales. En Cuba, aunque no hay una norma tan avanzada, según explica la abogada de Cubalex Giselle Morfi, sí hay dos maneras de denunciar este tipo de conductas: una es por la vía penal y la otra es por vía administrativa.
En la primera modalidad la víctima puede interponer una denuncia por acoso y ultraje sexual ante el Tribunal Municipal que corresponda. Además, hay referencias a estos ciberdelitos en la Resolución 105, derivada del Decreto-Ley 35 y por la cual la persona afectada podría plantear una denuncia ante el Ministerio de Telecomunicaciones.
Sin embargo, la mayoría de estas historias caen en un agujero negro y no son reportadas. A la ignorancia frecuente del acosador de que sus prácticas son ilegales y perseguibles penalmente, se le suma la desconfianza de las víctimas en las autoridades. N., por ejemplo, no denunció a su expareja ante la Policía porque no creía que sirviera de algo. “Se han visto mujeres desaparecidas y muertas, y no hacen nada. Se iban a reír de mí cuando llegara a contar lo que me hizo”, lamenta.
Por su parte, Morfi explica que el análisis y resolución de estos casos depende de la voluntad del Tribunal o del Ministerio de las Telecomunicaciones de velar por el cumplimiento del derecho a la intimidad. “En este caso se le viola a la mujer su derecho a la intimidad personal, al honor y a su reputación”, apunta la abogada.
Asimismo, la jurista recomienda a las víctimas de ciberacoso y pornovenganza que presenten la denuncia por escrito y que pidan el acuse de recibo a una de las copias. También es necesario que recopilen evidencias de circulación en línea de sus fotos o videos personales. “Las víctimas deben guardar las páginas de internet, los enlaces o capturas”, aconseja Morfi.
Las imágenes de N. ya no están en línea porque Facebook las retiró después de varios reportes, pero una vez que un contenido es difundido en la web es casi imposible borrarlo del todo. Entre los mensajes de acoso que la joven ha recibido se incluyen capturas de las publicaciones o incluso sus fotos descargadas.
“Casi me vuelvo loca. Lloré tanto. Ojalá nadie nunca pasara por esto. Es lo más bajo y cruel que se le puede hacer a una mujer. Vivo con miedo de que él venga a hacerme algo o le paga a alguien. No he salido sola a la calle desde entonces”, termina N.
