LA HABANA, Cuba. — A pesar de la abrumadora campaña propagandística a favor lanzada por los medios oficiales cubanos, el proyecto de Código de las Familias ha encontrado resistencia en algunos sectores de la población.
En las llamadas “consultas populares” a las que está siendo sometido el proyecto desde el primero de febrero —y que se extenderán hasta abril—, en las redes sociales y en las conversaciones que se escuchan en las calles, muchas personas (particularmente los miembros de iglesias cristianas), expresan sus dudas y preocupaciones, cuando no su franco desacuerdo, con el enfoque dado a temas como la sustitución de la patria potestad por la responsabilidad parental, la autonomía progresiva de los menores de edad, la gestación solidaria y el matrimonio igualitario.
De poco valen las explicaciones y argumentos a favor del Código de las Familias de juristas y psicólogos en la TV, la radio y los periódicos. Mientras más tratan de convencer, menos lo consiguen. La gente desconfía y teme las consecuencias que se pueden derivar para sus vidas privadas una vez que sea implantado el Código de las Familias.
Y es lógica la desconfianza. En 63 años hemos aprendido que detrás de casi todo lo que hace este nada diáfano régimen, siempre hay propósitos ocultos que terminan haciendo más controladas y opresivas nuestras vidas.
¿Cómo creer en las buenas intenciones —aun en el difícil caso de que pudiera tenerlas— de un régimen que desde que se instauró, en 1959, se la ha pasado mintiendo y manipulando?
El Código de las Familias pudiera ser loable si sus muchos aspectos positivos –que los tiene— no vinieran convoyados con los negativos. Y es muy poco probable que estos últimos sean eliminados o modificados luego de escuchar los planteamientos en contra hechos en las “consultas populares”. Las modificaciones serán mínimas. Los mandamases, cuando se les antoja algo, voluntariosos como son, no suelen dar marcha atrás por atender los reclamos y quejas de la población. Recordemos lo que pasó –o mejor, lo poco que pasó- con los debates del anteproyecto de la actual Constitución.
Por lo pronto, el régimen, aunque dice estar a favor de la pluralidad de opiniones en las consultas, ya culpa a “la contrarrevolución” de las muchas objeciones hechas por la población al Código de las Familias.
Muchos cubanos, al oponerse al nuevo Código de las Familias, exageran con sus prejuicios y su conservadurismo, propios de una sociedad machista, patriarcal y héteronormativa que poco ha cambiado, pese a lo que diga el CENESEX. Nada tiene de malo, sino todo lo contrario, garantizar los derechos de los niños y adolescentes, los ancianos y los miembros de la comunidad LGBTIQ. El problema está en la intromisión estatal en la vida familiar.
No es que queramos reeditar aquellos rumores de inicios de la década de 1960 de que el Estado iba a quitar la patria potestad de sus niños a los padres para enviarlos a Rusia y que dieron lugar a la triste Operación Peter Pan. Pero asusta, es para preocuparse, el hecho de que, en virtud del nuevo Código de las Familias, el omnipotente Estado aumente sus facultades para, “en circunstancias especiales”, intervenir y separar a los hijos de sus padres “en aras del interés superior del niño”, “de conformidad con la ley y los procedimientos establecidos”.
El nuevo Código de las Familias, avanzado, inclusivo, es digno de un país del Primer Mundo, no de uno del Tercer Mundo, agobiado por las necesidades materiales más básicas y regido por un régimen dictatorial donde no existe estado de derecho, a no ser en la letra muerta de una constitución espuria donde le endilgaron el apellido “socialista”.
En cuanto al aumento del control estatal sobre la vida de los cubanos, el nuevo Código de las Familias servirá para complementar a la Constitución, que hipócritamente simula conceder derechos que en realidad no solo escamotea, sino que consagra que sean violados, y al draconiano nuevo Código Penal de inspiración nazi-estalinista que nos impondrán, no tengan dudas, porque ese sí no será sometido a “consulta popular”.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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