CDMX, México. – Madgiel Jorge Castro, ciudadano cubano con permiso legal de residencia en Bolivia hasta octubre de 2023, fue notificado por el Ministerio de Migración del país sudamericano para que abandone el territorio nacional. Según dicha entidad, el joven cubano “ha alterado el orden público en las redes sociales” de internet y por eso es expulsado.
La Defensoría Pública boliviana declaró junto al joven cubano que la oficina que expidió la orden de expulsión no ha sido transparente y ha discriminado por la ley a un ciudadano extranjero en Bolivia. La Defensoría aclara: “preguntada la autoridad migratoria sobre la causa de la expulsión, esta ha decidido no responder”.
Citado a las oficinas de Migración, Magdiel Jorge narra que el oficial que le atendió le mostró un grueso expediente y le explicó que esos eran todos sus tuits, recolectados por las autoridades. Frente a la pregunta del cubano sobre el tuit específico por el cual se le expulsaba, el oficial no lo mostró; solo le dijo que estaba opinando en redes sociales sobre la política peruana.
Madgiel le aclaró que el centro de su atención en las redes sociales era Cuba, y que había comentado sobre el conflicto político en Perú como cualquier ciudadano es libre de hacerlo. Afirmó además que en ningún momento se había pronunciado sobre la política nacional de Bolivia, una intromisión que en algunos países latinoamericanos puede ser castigada.
Las leyes migratorias de México y Bolivia, por ejemplo, tienen artículos en los cuales se prohíbe a los extranjeros interferir en la vida política del país que les ha acogido, mientras sean residentes temporales o permanentes. Madgiel Jorge Castro, residente legal temporal, solo ha utilizado las redes para difundir sus opiniones sobre el régimen cubano, y puntualmente sobre el conflicto político en un tercer país.
El joven aseguró ante la defensoría pública que nunca ha incitado “al desorden público” en Cuba, ni en Bolivia. Dada la ausencia de respuesta por parte de las autoridades migratorias, se puede deducir que el Gobierno de Bolivia está forzando la ley para cometer la discriminación política.
La mano larga de la dictadura cubana
Este es el primer caso conocido de discriminación política contra un extranjero cubano a manos de los gobiernos democráticos de la región. La semana pasada el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, visitó la Habana para asistir a un evento del ALBA y se entrevistó con el presidente designado Miguel Díaz-Canel.
Los gobiernos democráticos de la región, incluyendo el de Bolivia, defienden la libertad de expresión tanto en la prensa como en las redes sociales, y no tienen leyes que restrinjan estos derechos fundamentales. No se explica entonces la actuación del Gobierno del presidente Luis Arce contra las libertades fundamentales de un ciudadano extranjero en territorio boliviano.
Semejante arbitrariedad sugiere una persecución contra los insulares orientada desde La Habana y respaldada por Arce, quizás convenida en su reciente visita a la Isla y al margen de la opinión pública de ambos países.
La expulsión de Magdiel Jorge Castro sienta un precedente nefasto contra el derecho internacional, la democracia boliviana y la ética de las relaciones entre los gobiernos latinoamericanos. Es también una violación al derecho migratorio de los cubanos.
A pesar de existir antecedentes de expulsión de al menos cuatro cubanos desde el aeropuerto de Nicaragua, estos no habían alcanzado aún estancia legal temporal en la nación centroamericana. En enero del presente año el dictador Daniel Ortega, también de acuerdo con su homólogo Miguel Díaz-Canel, impidió la entrada a Nicaragua de los periodistas cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, ambos desterrados de Cuba. Meses después negó la entrada al activista Raúl Soublett y a Dayami Valdés, madre de Valdés Cocho.
El caso de Madgiel Jorge Castro, no obstante, supera las arbitrariedades cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Las autoridades bolivianas han incurrido en persecución e intimidación contra personas legalmente establecidas en su territorio, y la justificación de “alterar el orden público en las redes sociales” es, además de inédita, carente de sustento legal.
Asimismo, constituye una prueba más del hostigamiento consensuado entre ambos gobiernos contra los cubanos que se oponen a la dictadura comunista. El 2022 quedará marcado, entre otros sucesos, como el año en que los gobiernos de Nicaragua y Bolivia se han unido a la represión contra los opositores cubanos.
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