LA HABANA, Cuba. – La Sala de lo Penal de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana sigue proponiendo condenas excesivas contra los manifestantes del 11 de julio (11J). A las peticiones fiscales, supuestamente basadas en investigaciones, les falta una parte importante de la historia: la violencia ejercida por las fuerzas policiales con especial encono en zonas como Diez de Octubre y Arroyo Naranjo.
El Expediente de Fase Preparatoria no. 143/2021 asegura que el Órgano Especializado de Investigación Criminal de los Delitos Comunes ha dado por concluida su investigación, tras la cual estimó que la denuncia por hurto y sedición procedía contra 33 personas de los municipios mencionados.
En la narración de los hechos del 11J a cargo de la Fiscalía parece que estas personas se conocían y que en medio de la multitud ―que el documento describe como “turba”― coordinaron acciones. Pero en realidad fue todo lo contrario: se trata de hechos espontáneos, resultado de años de miseria y represión.
“La responsabilidad penal es individual. Se debe responder por los hechos que uno cometa y en este documento es imposible apreciar la individualidad de cada caso”, señala la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. “Los están conectando a todos y ninguno de ellos fue detenido en las mismas circunstancias”, precisa.
“En estas narraciones es imposible apreciar la individualidad de cada caso”, recalca. La abogada coincide con otros especialistas en que las peticiones fiscales están más en función de justificar el delito de sedición que en los hechos.
En la narración también se mencionan a otras personas a las que las autoridades no han podido identificar, por lo que se presupone que la responsabilidad caerá sobre los individuos ubicados.
Y es que basta mirar las colas para no saber quién fue el que salió a la calle a protestar y quién el que salió a golpear a los manifestantes el 11J. La diferencia radica en que, en momentos claves, la rabia de vivir esclavizado se direcciona en sentidos diferentes. Unos quieren ser libres y otros prefieren seguir sosteniendo un poder que los mantiene en la precariedad y sin derechos elementales.
No obstante, tanto la Fiscalía como el Órgano Especializado de Investigación Criminal de los Delitos Comunes intentan sentar un escarmiento y no dar la idea de que el 11J triunfó el pueblo, aunque para eso tengan que criminalizar a la juventud.
En la segunda petición fiscal a la que logró acceder CubaNet, al igual que en la primera, la mayoría de las personas juzgadas son jóvenes, negras o afrodescendientes, pero sobre todo, gente pobre.
Según el documento, excepto dos de las 33 personas constituyen un peligro, por lo que la medida cautelar empleada en su contra fue la prisión provisional.
La descripción de los hechos omite deliberadamente una parte de la historia y por momentos alude a hechos inauditos. Describe las lesiones que sufrieron los agentes de la Policía: “Uno de los oficiales no identificados fue alcanzado por otra piedra en la cabeza, lo cual le ocasionó un sangramiento abundante”. ¿Cómo es posible que el régimen no pueda identificar a sus propias fuerzas?
Por otro lado, la petición fiscal también omite el hecho de que centenares de hombres vestidos de civil se trasladaron al lugar de los hechos en ómnibus Yutong para golpear a los manifestantes. De acuerdo con la descripción oficial de los hechos ―en contradicción con los videos que circulan en las redes sociales―, solo un oficial hizo “14 disparos al aire con el fin de proteger a su compañero”.
Las sanciones que pide la Fiscalía contra los manifestantes oscilan entre 13 y 25 años de privación de libertad. A todos los sancionan por el mismo delito y luego les aplican beneficios o agravantes según la edad o los antecedentes penales.
“Sedición” es el delito que supuestamente cometieron todos los que aparecen en este documento. Contra Juan Emilio Pérez Estrada, Asley Nelson Cabrera Puente, Donger Soroa González y Yoanky Báez Albornoz la Fiscalía pide 25 años de cárcel; contra Rowland Jesús Castillo Castro, Alexander Ayllón Carvajal y Ronald García Sánchez, 23 años; contra Jorge Vallejo Venegas, Alexis Borges Wilson, Henry Fernández Pantera y Francisco Eduardo Soler Castañeda, 22 años; contra Lauren Martínez Ibáñez, Duannis Dabel León Taboada y Adael Jesús Leyva Díaz, 21 años; contra Dayán Gustavo Flores Brito, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Yussuan Villalba Sierra y Daisy Rodríguez Alfonso, 20 años.
Otras sanciones de menos de 20 años se solicitan para Ricardo Duque Solís y Edel Cabrera González (19 años); Luis Armando Cruz Aguilera, Kevin Damián Frómeta Castro, Brandon David Becerra Curbelo y Yunior García Vizcay (18 años); Adrián Oljales Mora, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Oriol Hernández Gálvez y Nayn Luis Marcos Molinet (17 años); Rafael Jesús Núñez Echenique y Brayan Piloto Pupo (16 años).
También aparecen otros individuos cuyas condenas se basan en la sumatoria de dos acusaciones: sedición y hurto.
A Kendry Miranda Cárdenas le piden 20 años de privación de libertad por el delito de sedición y uno por hurto. También están Giuseppe Belaunzaran Guada y Lázaro Noel Urgellés Fajardo, a quienes le piden 13 por sedición y un año y seis meses por hurto. La sanción conjunta podría ser de 13 años.
Además de su responsabilidad penal cada uno de los acusados deberá enfrentar una responsabilidad cívica que consiste en resarcir económicamente a las Unidades de Policías y a los oficiales que habrían resultado lesionados. Sin embargo, desde el poder nadie se responsabiliza con las vidas de estas personas, que durante los tres meses que llevan presas, desde el 11J, han sufrido todo tipo de torturas.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.
