LAS TUNAS, Cuba. — Mientras cientos de manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, por expresarse como suele ocurrir en países civilizados, han sido sancionados con penas de privación de libertad y de pérdida de derechos civiles —acusados de delitos contra el orden público, contra las autoridades y sus agentes, o sedición, entiéndase todas esas supuestas infracciones cometidas contra los poderes del Estado— tal pareciera como si en Cuba los delitos contra la vida hubieran entrado en una fase de permisibilidad.
Lo digo porque si las muertes de una decena de niños ocurridas recientemente en el Hospital Ginecobstétrico Diez de Octubre (La Habana) causaron conmoción, no menos estremecimiento produce por la connivencia o la abulia en su resolución penal una nota del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), difundida el 6 de febrero en Cubadebate.
Solo las opiniones de los lectores en los comentarios de la publicación debían hacer meditar sobre su idoneidad en sus respectivos cargos a la Fiscal General de la República, al Presidente del Tribunal Supremo y al Ministro de Justicia, y, por supuesto, a los jefes principales del Partido Comunista de Cuba (PCC), pues son ellos, según la Constitución, “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Al respecto es muy útil preguntar: ¿Cuáles son las políticas del PCC respecto a la sociedad cubana y al Estado que, mientras las construcciones de hoteles para el turismo internacional no se detienen, los hospitales son mera cochambre, donde el personal médico, paramédico y de servicio carecen de lo imprescindible para realizar su trabajo? ¿Acaso la justicia en Cuba está en tiempo de gracia para unos y de castigos para otros?
Dice el comunicado del MINSAP que las muertes de los bebés ocurrieron como consecuencia de un brote séptico en el que seis de los 10 niños fallecidos tenían sepsis, mientras las cuatro muertes restantes ocurrieron por otras causas, pero significando que el brote infeccioso estuvo vinculado a “violaciones de medidas higiénico-sanitarias”, las cuales se sumaron a “problemas de aseguramiento de recursos que presentaba el centro en ese momento” e implicaron “afectaciones en la calidad de los procesos de atención a los pacientes”.
Añade el texto que como resultado de esas violaciones, que privaron de la vida a 10 seres humanos acabados de nacer, las autoridades impusieron 22 medidas administrativas a 19 cuadros de dirección de distintos niveles, así como a tres funcionarios y trabajadores hospitalarios.
Permítaseme recordar que, a diferencia del asesinato, calificado por las circunstancias concurrentes —premeditación, alevosía, ensañamiento y mucha otras—, en el delito de homicidio califica, sin importar si lo quiso o no, todo aquel “que mate a otro”. Y recuérdese que los delitos se cometen por acción o por omisión, entiéndase, por hacer o dejar de hacer. Ese hacer o no hacer puede ser intencionalmente, que es cuando la persona implicada en un delito quiere o busca el resultado delictuoso, o, cuando sin quererlo, prevé que se produzca, pero así y todo asume el riesgo.
Por el contrario, el delito se comete por imprudencia cuando la persona involucrada avizora que con su acción u omisión producirá un daño, un peligro, un delito, pero así y todo prosigue, con ligereza, esperando evitar el problema, o cuando sin prever las consecuencias, que debió haber previsto por razones humanas, de profesión, oficio o cualquier otro encargo o cometido, se involucra en un delito, tipificado, sancionado por la ley.
Dijeron los médicos a los padres “sus hijos se mueren porque en este hospital no hay medicinas, ¡quéjense”! ¿Lo hicieron? Y los comisarios del PCC encabezados todos por Miguel Díaz-Canel que recorren los campos, azuzando para que la gente siembre boniatos… ¿Qué hicieron para que los niños no murieran como murieron en masa en este hospital de La Habana? Son estas sólo dos interrogantes en un universo criminal donde más que personas es el sistema comunista quien, con premeditación y alevosía, hace de los cubanos víctimas y victimarios.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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