LA HABANA, Cuba. – En horas recientes, importantes acontecimientos, acaecidos en dos países de Nuestra América, han representado golpes potentes asestados a representantes prominentes de la izquierda continental. En Argentina, la corte que la juzgaba ha dictado sentencia —¡al fin!— contra la actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner. En Perú, el intento de autogolpe de Pedro Castillo se desinfló a una velocidad pasmosa. Pero conviene ir por partes.
En el gran país austral, la acusación contra la segunda mandataria se ha prolongado durante años. La esencia de la causa que se le sigue radica en la actuación de un destacado testaferro del matrimonio Kirchner: Lázaro Báez, personaje insignificante que, gracias al apoyo de la poderosa pareja, de la noche a la mañana pasó de simple cajero bancario a jefe de una poderosa empresa de construcciones.
De manera ¿casual?, la compañía de Báez llegó a ejecutar más de la mitad de las obras públicas realizadas durante el mandato del marido primero, y después de la viuda. La “buena suerte” del improvisado empresario era pasmosa. El diario El País nos informa que, mientras los restantes constructores demoraban un promedio de 210 días para recibir una adjudicación, el amigo de los Kirchner las obtenía en solo 29.
Pese a que muchas de las obras asumidas por su compañía quedaron inconclusas, Báez las cobró todas. Solo una se ajustó al presupuesto original; las restantes requirieron erogaciones adicionales del Fisco. Una anécdota impactante es la del también acusado José López, quien ocupara la Secretaría de Obras Públicas. Este político fue sorprendido en el mismo momento de intentar ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.
No obstante esos antecedentes, y aunque la defraudación al Estado se calcula en más de un millardo de dólares, Cristina y sus amigos hablan de lawfare (anglicismo que alude a la judicialización de la política). Es lo que ha planteado la prominente acusada durante los años del proceso, y lo que acaba de repetir con motivo del anuncio del fallo sancionador: “Esto es un Estado paralelo y mafia; mafia judicial”, exclamó en pose de víctima.
Este importante capítulo del “culebrón” de la Kirchner estuvo precedido por una insólita comparecencia del presidente de la nación. Aunque no pudo afirmar que existieran indicios de algún delito específico, el jefe de Estado solicitó la incoación de causas penales contra una serie de figuras públicas que visitaron la finca de un adinerado empresario en el sur del país.
Lo más escandaloso del asunto es que, en su alocución, Alfredo Fernández reconoció que los elementos esenciales en los cuales basaba su acusación provenían del previo hackeo de un teléfono particular. O sea: ¡un medio absoluta e indubitadamente ilícito es utilizado por el jefe del Ejecutivo como base para cuestionar a otro de los poderes del Estado y acusar a ciudadanos que, por presunción, se supone que son inocentes!
Como era de esperar, la cofradía de los “socios listos del Siglo XXI” se ha agrupado de modo unánime tras la convicta Cristina. Ahí figuran el exprisionero por corrupción Lula, Evo Morales, el mexicano AMLO. También el cubano Miguel Díaz-Canel, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner frente al acoso judicial y mediático en su contra”.
Aquí cabe, ante todo, señalar el pasmo que provoca oír hablar sobre “procesos judiciales políticamente motivados” al mandamás de un país en el que se sanciona a lustros de cárcel a ciudadanos que solo han protestado pacíficamente contra el mal gobierno. Y de paso, comentar que, aunque los jefes de Estado del socialismo burocrático, con sus declaraciones, se injieren con absoluto desparpajo en los asuntos internos de la República Argentina, ya sabemos que el gobierno de Fernández no protestará por ello.
En el caso del Perú hay que escribir mucho menos: el hasta ayer presidente Pedro Castillo se enfrentaba a la tercera votación del Congreso para destituirlo. Tal vez por ello, varios de los “socios listos del Siglo XXI” se habían conchabado para acudir en peregrinación a Lima, con el solo fin de solidarizarse con su compinche acosado.
Unas horas antes de la sesión parlamentaria, Castillo decidió poner en práctica sus planes para ejecutar un autogolpe. En la alocución que leyó, el mandatario anunció la disolución del Legislativo, el establecimiento de un “Gobierno de emergencia nacional”, la implantación del toque de queda; también prometió la celebración de elecciones para elegir un nuevo Congreso “con facultades constituyentes”. Esto último, ya se sabe, una jugada habitual entre los aludidos.
Mientras pronunciaba su alocución, el papel que leía don Pedro flameaba como bandera al viento. El intento de autogolpe, como ya dije, se desinfló con una velocidad impresionante; como reza el dicho popular, duró lo que el clásico “merengue en la puerta de un colegio”.
Para empezar, varios de sus propios ministros renunciaron ipso facto; también la vicepresidenta de la República anunció su inconformidad con el proceder de su superior, y calificó lo sucedido como un “golpe de Estado”. El Congreso logró reunirse, y por amplia mayoría aprobó la destitución; solo hubo seis votos en contra y 10 abstenciones. Dina Boluarte, sustituta constitucional, se convirtió en la primera mujer que asume la presidencia del país hermano.
En definitiva, quien hasta este miércoles fue el mandamás peruano, tuvo que salir de la mansión presidencial. Poco después se anunció que permanecía bajo arresto en la Prefectura de Lima, en calidad de delincuente sorprendido en flagrancia. Para terminar con las renuncias, se ha publicado que esto lo ha hecho… ¡su mismísimo abogado defensor, Benji Espinoza, quien alegó el “haberse producido una ruptura del orden constitucional”.
Habrá que ver qué hacen ahora los congéneres del destituido. Sospecho que, dado el escasísimo apoyo con el que cuenta el ya expresidente, los líderes izquierdistas se harán los “chivos con tontera”, y no se darán por aludidos con lo sucedido en el Perú. En cualquier caso, esos dos golpes contundentes asestados dentro de la Ley a las izquierdas extremistas de Nuestra América son harto inspiradores y reconfortantes.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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