LA HABANA, Cuba. – La cubana Letis Aile Patterson Rodríguez tenía muchas razones para salir a manifestarse el pasado 11 de julio. A sus 27 años recién cumplidos, es madre soltera de tres niñas con las que vive en un cuarto facilitado por su familia, en el solar de las Margaritas, en San Bernandino, Luyanó. Sin techo ni economía para repararlo, le pidió ayuda al Estado y, a través de Facebook, al gobernante Miguel Díaz-Canel. Usó todos los recursos que tenía a mano y fue ignorada.
El 11 de julio, Letis Aile vio una posibilidad de ser escuchada aunque fuera a gritos contra un Estado que parece omnipotente porque lo controla y lo limita todo. Pero su grito de libertad en la calle se convirtió en una condena de un año de privación de libertad.
No se conoce el delito del que se le acusa porque la familia no se ha querido implicar demasiado. Que no quieran hablar de política no ha traído ningún beneficio: Letis Aile fue trasladada a la prisión del Guatao, después de permanecer varios días en el Centro de Investigaciones Policial de 100 y Aldabó.
Madelaine Rodríguez, su madre, es la única que la apoya, pero no puede hacer mucho porque vive fuera de Cuba, lamenta.
En cuanto se enteró de que estaba detenida, una de sus tías ―la que ahora está a cargo de sus hijas― se interesó por su salud, tomó a las niñas y las llevó a ver a su madre, pero las autoridades no permitieron el encuentro.
Así es que Rodríguez, en la distancia, desconfía de cualquier mensaje que le llegue por terceras personas sobre el bienestar de su hija. “Anoche vi en Google que esa prisión tiene un alto grado de contagio de la COVID y mi hija es asmática crónica. Mi corazón se rompe en pedazos”, dice vía Messenger.
Por su parte, la primera llamada que recibió el padre ―el adulto más cercano a la manifestante― la hizo una supuesta instructora penal desde 100 y Aldabó.
“Me dijeron que no me preocupara, que (Letis) saldría con una multa”, cuenta. No obstante, al día siguiente lo llamaron para decirle que su hija había sido condenada a un año de privación de libertad y que tenía tres días para apelar. Aun así, la familia no hizo ningún esfuerzo y la joven fue trasladada a la prisión de mujeres desde donde solo ha podido llamar dos veces a un amigo.
“Me llamó 13 segundos exactamente, gracias a que le habían prestado un teléfono. Le pregunté cómo estaba y me dijo: ‘Estoy bien, ya tengo que entregar el teléfono’”.
Para su amigo, fue reconfortante saber que estaba viva. “Pensé que podían haberle dado un mal golpe y al cabo de dos meses decirnos que murió de COVID, pero oírla fue un alivio”, dice y pide mantenerse en el anonimato para evitar represalias en su contra.
En la segunda llamada la sintió “llorosa”, agrega. Letis le informó que estaba en el régimen de aislamiento que le imponen a las reclusas antes de entrar a las galeras.
Aunque la lista ya excede las 700 personas desaparecidas, detenidas o juzgadas, las estadísticas no se acercan a las cifras reales de personas reprimidas tras el levantamiento popular del 11 de julio, debido al temor de las familias a denunciar los casos de represión.
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