CDMX, México. – El pasado 17 de marzo, el periódico oficial Granma publicó una reseña sobre la última reunión del Consejo de Estado. En ella, José Luis Toledo Santander, jefe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, “también actualizó a este órgano sobre el proyecto de ley de Comunicación Social, de conjunto con miembros de la Comisión redactora, y explicó cómo, en un recorrido reciente, se analizó la propuesta con diputados, expertos y profesionales vinculados a la comunicación, entre los cuales surgieron nuevos criterios que fueron atendidos”.
El Consejo de Estado actual es el resultado de los fraudes electorales cometidos por la dictadura desde 1976, fecha en que Fidel Castro copió el sistema electoral, político y económico del estalinismo ruso. Por eso, el Consejo de Estado es un órgano espurio en Cuba.
¿Por qué la nueva ley de comunicación social es fascista o estalinista?
La primera versión de la ley, muy polémica, establecía que el contenido de la comunicación social tenía que ser “socialista”. Ahora, la ley dice que los contenidos tienen que responder a la Constitución de la República, lo cual no supone mejora alguna, porque la interpretación de la ley sigue estando en manos del partido político en el poder.
Así ocurrió a propósito de la Marcha Cívica convocada para el 15 de noviembre de 2021. Pese a que la manifestación pacífica es un derecho establecido en la Constitución de 2019, el partido único negó la autorización para realizarla.
Los hacedores del proyecto de Ley de Comunicación copiaron la misma verticalidad y represión del sistema político cubano en el sistema de comunicación nacional, una ley propia de militares para dirigir un campamento, pero insólita en una sociedad civil democrática.
¿Quién controla al Big Brother?
La nueva Ley de la Contraloría de la República no contiene entre los objetos de auditoría al Instituto de Información y Comunicación Social. Dicho instituto, así como el Comité Central del PCC y el Buró Político de ese partido, no son sometidos a control público alguno. Sin embargo, el Instituto controla la propaganda doctrinaria del partido político en el poder, según la ley:
“Artículo 89. El Instituto de Información y Comunicación Social, en cumplimiento de sus funciones: a) Desarrolla y coordina acciones que fortalezcan la cultura ciudadana sobre el derecho a la información y la comunicación social; b) participa en los procesos de educación que dotan a las personas de conocimientos, habilidades y actitudes para participar de manera crítica y responsable en los procesos de comunicación social, e interactuar con las tecnologías de la información y la comunicación; c) colabora con las instituciones universitarias en el desarrollo de los procesos de formación de profesionales de la comunicación social, así como en la superación de posgrado; d) concilia con el organismo competente la demanda de profesionales y la ubicación laboral de los recién graduados en las actividades y especialidades afines a la comunicación social”.
En otras palabras, el Instituto filtra qué información puede ser dada por los órganos centrales del poder, y anula el derecho al acceso libre a la información pública en el país. La Ley sobre la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aparecían en el cronograma parlamentario para ser aprobadas en julio de 2021, pero siguen pospuestas.
Está claramente estipulado dentro de la ley que nadie más que los órganos centrales del Estado y sus dependientes ―organizaciones de masas y políticas oficiales― pueden fabricar la información y las campañas políticas, controlar a todos los profesionales de la información y violar los derechos ciudadanos a la información pública y la transparencia gubernamental. El periodismo independiente está prohibido y la opinión pública se anula si no es afín al partido único.
¿Puede la dictadura imponer esta nueva ley fascista de Comunicación Social, sin control público?
Así como las 35 leyes y 83 decretos-leyes aprobados en las últimas legislaturas del Parlamento (2018 y 2023), todos violadores de los derechos escritos en la Constitución de 2019, la nueva Ley de Comunicación Social será otro refuerzo a la violación de la libertad de expresión, asociación, manifestación y reunión pacífica. El estalinismo de la dictadura cubana se mantiene intacto.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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