LAS TUNAS, Cuba. — Mi editor me ha sugerido abordar la “violencia en Cuba, dígase asesinatos, desapariciones, robos a mano armada”, una apreciación jurídica, pero de una manera “aterrizada para los lectores”, me ha dicho, y no es poco lo que me pide el joven, con el que concuerdo en una hipótesis, criminológica y sociológicamente hablando: la crisis en la economía cubana empujó la ola migratoria, y la migración la necesidad urgente de hacer dinero en muchas personas, dineros que unos hicieron de buena fe, vendiendo casas, autos, todas sus propiedades, o mediante préstamos de familiares o amigos, pero otros, carentes de esas relaciones afectivas y sin poseer bienes que vender, el capital lo han “luchado”.
El eufemismo “luchar” es muy utilizado en la jerga callejera de la Isla para enmascarar una prolongada lista de delitos, que van desde malversaciones millonarias cometidas por directores, administradores o jefes de almacenes, tiendas y empresas estatales, o circunspectos gerentes de negocios que manejan divisas, hasta algunos miles de pesos obtenidos por ladrones de ganado, revendedores de mercancías, o estafadores, sin faltar algún cuidador devenido ejecutor del “asesinato perfecto”, que, para quedarse lo antes posible con la casa y los bienes de la persona a su cargo, mata al anciano a su cuidado, sin dejar rastros.
Sí, la crisis económica y migratoria que hoy vive la población cubana está influyendo en la criminalidad, y por criminalidad, en este caso, compréndase la incidencia de delitos en un período determinado, digamos, después de la llamada Tarea Ordenamiento, que detonó la espiral inflacionaria. Pero de ningún modo podemos imputar el alza del delito en Cuba solamente a esas dos causas que son la crisis económica y la estampida migratoria, porque pensar así sería ser reduccionistas, o, dicho de otro modo, estaríamos reduciendo las causas y condiciones propiciadoras del crimen a las épocas de bonanza o penuria económica y a los corredores migratorios, cuando bien sabemos que no es así.
También es una miopía, políticamente hablando, afirmar que hoy tenemos “muchos más”, o “muchos menos”, o “igual cantidad” de delitos que el año anterior, o el otro año, o cualquier otro año, por una sencillísima razón: no hay estadísticas fiables. Las cifras de criminalidad —como todas las cifras volitivas, esas que impulsan la voluntad de las personas — son “secretos de Estado”, manejadas por la clase dirigente mediante estrategias, por lo que no hay que estar dando órdenes día a día para no divulgar lo que deben callar.
Sí, hoy sabemos de más delitos ocurridos en el territorio nacional porque tenemos más información. La que publican las redes sociales o este diario y otros medios independientes. Pero sabido es que la prensa oficial no publica los delitos ocurridos en el país, o acaso dice de los que fueron operados “exitosamente”, del resto, de los que están impunes, nada se dice. Así, que yo recuerde, hace algún tiempo conocimos del asesinato de un profesor, para robar su moto, y más recientemente, de un asalto a mano armada cometido sobre personas que pretendían comprar divisas, luego, de una muchacha asesinada frente a una estación de policía, como también se conoció por medios independientes de otros casos de feminicidio, y de la desaparición y posterior hallazgo de sus cadáveres, de dos trabajadores del transporte público, un conductor de bicitaxis y un taxista.
Sin embargo, con anterioridad a estas publicaciones, Internet y los teléfonos móviles, ¿Qué sucedía? Déjenme decirles con conocimiento de causa, no de oídas, que delitos, así como los ahora relatados, se producían en los años sesenta, setenta, ochenta, noventa y bien avanzado el siglo XXI, pero la ciudadanía no se enteraba más allá de su área de residencia. Y muchos de esos crímenes, que incluyen robos y asesinatos, todavía hoy permanecen impunes, sin esclarecerse quiénes lo cometieron ni dónde se encuentran hoy esos criminales, por lo que, si no conocemos bien sus orígenes, no resultaría raro que, por buen vecino, tengamos un criminal, y no importa si vivimos en Puerto Padre, en Miami o en Minnesota.
Tal impunidad se puso de manifiesto en el año ochenta de una forma curiosa, risible. Como bien es conocido, durante la oleada migratoria de Mariel, las cárceles cubanas fueron abiertas para que cientos de presos emigraran a Estados Unidos, y a alguien de la dirección del Ministerio del Interior se le ocurrió —realmente no sé de quien fue la peregrina idea— entrevistar a los excarcelados para conocer si alguno de ellos había cometido algún delito por el que no estuviera cumpliendo sanción, o poseía información de que alguna persona hubiera cometido cualquier delito no esclarecido, no a los efectos de enjuiciarlo penalmente, sino para fines estadísticos, los de aumentar las cifras de operatividad y disminuir las de impunidad.
Aunque todos los presos comunes que quisieron irse de Cuba se declararon fervientes “revolucionarios”, no conozco de casos pendientes, resueltos mediante declaraciones de presos liberados con la condición de emigrar.
Tales eran los delitos contra la vida cometidos en todo el territorio nacional desde aquella época, que poco antes de ser destituido y enjuiciado él mismo en 1989, allá por 1987 o poco antes, el entonces ministro del Interior, general de división José Abrantes, ordenó actualizar la investigación de todos los casos de asesinatos pendientes mediante planes de trabajo operativo que debía aprobar él mismo, personalmente, y no los jefes provinciales, como hasta entonces se venía haciendo, lo que da una idea de la magnitud de los delitos graves producidos desde 1959 hasta 1989, durante las tres primeras décadas de la “revolución”, crímenes —algunos relevantes por su ensañamiento— que estaremos abordando en el próximo artículo.
