CDMX, México. – El pasado 17 de abril la prensa oficial cubana publicó un artículo de la académica Majela Ferrari Yaunner (jefa de la Comisión Nacional de la carrera de Derecho y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana) dedicado a describir las funciones del Consejo de Ministros, tomando como referente la Constitución de 2019.
En su intento por “normalizar” el sistema político estalinista copiado en Cuba desde 1976, oculta el contexto y falsea la realidad. La letrada omite el artículo 5 de la Carta Magna, que establece el carácter supraconstitucional del Partido Comunista.
En el cuerpo de la Constitución cubana no queda definido quién controla al PCC, cuáles son sus funciones con relación a las restantes instituciones de gobierno, a quién rinde cuentas, ni cuánto gasta del presupuesto nacional cada año. Estamos hablando de 113 funcionarios públicos del país que componen el Comité Central y el Buró Político de ese partido, inasibles al control público.
Este ocultamiento no es casual. Su objetivo es presentar el sistema político cubano como invención autóctona, y cito: “El nuestro es un modelo híbrido con características de varios de los que se consideran clásicos, pero con signos institucionales y funcionales autóctonos que no permiten que se encuadre con exactitud en ninguno de los sistemas de gobierno modélicos”.
Para Ferrari, que los ministros sean también diputados los hace jueces y parte, pero, según su criterio, esto manifiesta cierta “legitimidad popular” de los ministros y favorece el control sobre ellos por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y las comisiones permanentes de trabajo.
En este punto la académica falsea la realidad, pues el 50 por ciento de los diputados no son votados. La Asamblea solo se reúne dos veces al año y las comisiones están maniatadas al presidente de la Asamblea y al Consejo de Estado, que las crean.
Según la Ley 131 de 2019 (Ley de la Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba), la Asamblea nada decide ni controla, como tampoco lo hacen sus comisiones de trabajo. Ambas responden al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y al presidente del Parlamento. Dicha institucionalidad ha sido copiada del estalinismo soviético: una jerarquía militar de subordinación de las instancias populares a las instituciones designadas por el PCC.
Ferrari asegura que la ANPP controla al Consejo de Ministros, de manera individual y colegiada, a través de la rendición de cuentas del primer ministro. Esta es otra falsedad.
La ANPP, según la Ley 131, tiene como función aprobar las rendiciones de cuentas de los ministros, pero no hay posibilidad de destituir, cuestionar o señalar errores en la función de estos. El ejemplo de que las rendiciones de cuentas no son tales, lo agrega la académica: “Los diputados, en el curso de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Ministros o a sus miembros, y a que estas les sean respondidas en el curso de la misma o en la próxima sesión”.
A eso se reduce el control de los diputados al Consejo de Ministros: hacer alguna pregunta y recibir la respuesta cuando el titular en cuestión decida. Además, y según la Ley 131, la respuesta no necesariamente debe ser pública. Es posible citar al diputado a puertas cerradas para responder a su pregunta, típico procedimiento estalinista de ocultar a la opinión pública y al resto de los parlamentarios la evaluación crítica sobre el trabajo de un ministro o la necesaria ampliación de información, a lo cual se suma la probable intimidación al diputado.
En un artículo anterior se pudo apreciar la manipulación, por parte de la académica Hilda Saladrigas Medina, de la teoría de la comunicación social para mantener la sumisión de la ciudadanía cubana ante las “orientaciones del Partido”, y atacar la libertad de expresión.
La académica Martha Prieto, por su parte, ha ensalzado la Constitución de 2019, que se subordina al partido único, y declara irrevocable un sistema político fallido. En su momento, Prieto validó la prohibición gubernamental de la Marcha Cívica del 15 de noviembre de 2021, violando el derecho de manifestación pública reflejado en la Constitución.
La Dra. declaró: “Yo, personalmente, no defiendo la división de poderes”. Algo que contradice el Estado de derecho que supuestamente existe en Cuba. En abril de 2022 aseguró que la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales precisaría todas las garantías a defender en los tribunales; sin embargo, el documento final aprobado no las contempla.
Ahora vemos a otra académica, Ferrari Yaunner, que pretende validar un sistema político de corte estalinista, como autóctono, democrático y funcional. ¿Para quién?
Las académicas con poder para participar en el aparato de propaganda del PCC no tienen derecho a falsear teorías, ocultar a la dictadura ni tergiversar la realidad desde sus respectivas posiciones de poder, que han alcanzado precisamente por la traición a sus profesiones y el sesgo ideológico que imponen a la lectura de la realidad nacional.
Estas profesionales no deberían ejercer la enseñanza universitaria, porque manipulan el conocimiento y validan las violaciones de la dictadura a los derechos fundamentales de los cubanos.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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