Un bloque de 25 legisladores, exparlamentarios y dirigentes políticos procedentes de nueve países latinoamericanos se sumó a la campaña internacional promovida por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), orientada a instar a las naciones democráticas a retirar su respaldo a la resolución que el régimen de La Habana presenta anualmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La iniciativa busca frenar el uso del foro multilateral por parte de la cúpula castrista para legitimarse internacionalmente en medio del recrudecimiento de la represión política, la existencia de cientos de presos políticos y el colapso económico del país.
La incorporación de las figuras hemisféricas fortalece una movilización que superó recientemente el millar de adhesiones entre activistas, antiguos presos políticos, familiares de víctimas y ciudadanos residentes tanto en la Isla como en el exilio.
Entre los nuevos firmantes figuran legisladores y directivos partidistas de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y organizaciones de la sociedad civil cubana.
Destacan nombres como las diputadas nacionales argentinas Sofía Brambilla, Laura Rodríguez Machado y Gisela Scaglia; el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, Guillermo Ramírez; la presidenta del partido venezolano Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano; el presidente de ARENA en El Salvador, Carlos García Saade; y la presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Elena Larrinaga.
Desde la sede de la ARC en Miami, la coalición opositora enfatizó que el debate internacional en torno a Cuba no debe encorsetarse en las relaciones financieras y comerciales con Washington, sino centrarse en las dinámicas internas de sometimiento político.
“La campaña solicita a los gobiernos democráticos votar en contra o abstenerse ante la resolución presentada por el régimen cubano, y examinar la situación de Cuba a la luz de las violaciones de derechos humanos, la ausencia de libertades políticas, la existencia de presos políticos y las responsabilidades de las autoridades que gobiernan el país”, comunicó la plataforma opositora.
La iniciativa ante Naciones Unidas se articula dentro del Acuerdo de Liberación, promovido por organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba. Durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de octubre en la sede de la ARC, en Miami, sus impulsores explicaron que la petición, inicialmente dirigida a representantes de organizaciones, se había abierto a la ciudadanía. Días después, Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la ARC, estuvo presente en el encuentro “Cuba Libre: la opresión que La Habana oculta”, organizado el 19 de octubre por la misión estadounidense ante la ONU, donde José Daniel Ferrer defendió ante diplomáticos el llamamiento a votar contra la resolución o abstenerse.
La ARC reiteró que el respaldo que obtiene La Habana en el organismo multilateral es instrumentalizado como una validación de su gestión, por lo que instó a legisladores, exmandatarios, académicos y ciudadanos del mundo a mantener abierta la recolección de firmas antes de la votación en la Asamblea General.
“Cada adhesión representa una manifestación pública de solidaridad con el pueblo cubano y con su derecho a decidir libremente su futuro”, remarcó la ARC, reafirmando su compromiso con el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en la Isla.
