MADRID, España.- Una jueza federal en Estados Unidos emitió este lunes una orden que impide temporalmente a la administración Trump revocar de forma masiva los permisos de permanencia y trabajo concedidos a más de medio millón de migrantes beneficiarios del programa de parole humanitario.
La magistrada Indira Talwani, del distrito federal de Massachusetts, resolvió que la revocación generalizada del parole —que afecta a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— vulnera el principio legal que exige un análisis caso por caso. Según argumentó en su fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreció una justificación legal suficiente para poner fin de forma anticipada a los permisos otorgados, que habilitan a los beneficiarios a residir y trabajar legalmente en el país durante dos años.
El programa de parole humanitario fue creado bajo la administración del presidente Joe Biden a partir de 2022, con el objetivo de ofrecer una vía legal y ordenada de ingreso a Estados Unidos a ciertos ciudadanos de países afectados por crisis humanitarias o inestabilidad. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en territorio estadounidense y superar controles de antecedentes. Para abril de 2025, más de 530.000 personas se habían acogido al programa.
La decisión judicial responde a los planes de la administración Trump de poner fin al programa el próximo 24 de abril, basándose en órdenes ejecutivas firmadas en enero. El argumento del Ejecutivo es que el parole solo puede otorgarse en situaciones excepcionales y de forma individual, por lo que los beneficios otorgados de manera “categórica” contravendrían la legislación migratoria.
Sin embargo, la jueza Talwani calificó de “probable error legal” la interpretación del DHS. En su resolución, recordó que las personas admitidas legalmente mediante parole no son elegibles para deportación expedita, independientemente del tiempo que lleven en el país. Además, subrayó el daño irreparable que podrían sufrir los migrantes si se les revoca el estatus sin previo aviso ni justificación particular: pérdida de empleo, vivienda, lazos comunitarios e inversiones personales.
La orden judicial también suspende el envío de notificaciones de revocación a través del sistema en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que garantiza a los beneficiarios mantener sus derechos de permanencia mientras se resuelve el litigio.
Esta medida supone un obstáculo significativo para la política migratoria impulsada por Trump y ofrece un alivio temporal a cientos de miles de migrantes que, hasta ahora, han cumplido con todos los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.
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