La respuesta más sencilla es que el modelo económico existente en Cuba no ha funcionado en ningún lugar donde se ha implementado.
A diferencia de la mayor parte del mundo, en Cuba existe, hace más de seis décadas, una economía socialista, que copió sus principales rasgos del modelo soviético.
Según la Constitución de la República, en el país “rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”.
Propiedad y planificación
En la cita anterior, donde dice “propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción” entiéndase propiedad del Estado -que en el caso de Cuba se sintetiza en el grupo de poder articulado en torno al Partido Comunista- sobre la totalidad de las empresas y recursos de los renglones económicos fundamentales del país y de otros que ni siquiera pueden considerarse estratégicos.
Desde el mismo año 1959, el nuevo gobierno nacionalizó, sin las debidas compensaciones, grandes propiedades de capital extranjero y nacional y en 1968, le dio la estocada final a la propiedad privada con la llamada “Ofensiva Revolucionaria” que expropió todos los pequeños comercios y servicios que quedaban en manos de particulares. Barberías, carros de fritura, bodegas, puestos de dulces: todo, absolutamente todo el activo productivo nacional pasó a titularidad colectiva y gestión estatal, quebrando definitivamente la amplia estructura productiva mayorista y minorista existente en el país, la cual no ha logrado recuperarse hasta la fecha.
En Cuba, desde las termoeléctricas, bancos, hoteles, centrales azucareros y mineras, hasta rubros de menor relevancia como la gastronomía y el comercio interior más básico son de propiedad estatal. Sobre todo, la tierra productiva y los recursos naturales. En algunos sectores el Estado mantiene un verdadero monopolio, impidiendo la participación de otros actores. En las últimas décadas se permitió la inversión extranjera parcial en algunos de los sectores más importantes y del capital privado en actividades de menor peso.
Como señala el economista Mauricio de Miranda, el supuesto carácter de propiedad social sobre los medios de producción ha sido una falacia en todas las experiencias de socialismo real existente, ya que “los supuestos propietarios colectivos carecen de mecanismos para incidir o controlar la gestión de esa propiedad, que queda en manos de la burocracia”.
Esto va de la mano con otro elemento central en este tipo de modelo: la planificación, ya que el Estado en la práctica no solo es el dueño de los medios con que se produce, sino que sustituye el papel del mercado. Además de gestionar los medios de producción, los funcionarios del Estado determinan desde los más altos niveles qué se debe producir, cuánto, a qué precio, qué recursos se asignan para ello y qué salario se paga a los trabajadores; dejando muy poco margen de operación al interior de las empresas. Los precios dejan de tener el poder informativo que poseen en la economía de mercado y las decisiones burocráticas fracasan
La planificación, la regulación y sobre todo el control del Estado, en diferentes grados, también se extienden a las otras formas de propiedad que en menor medida conviven con la propiedad estatal. La planificación no siempre está dictada por objetivos económicos; de hecho, la mayoría de las ocasiones se guía por metas políticas que pueden estar reñidas con criterios económicos.
Aunque el PCC justifica la planificación en función de dirigir los recursos hacia “los intereses de la sociedad”, una revisión de la distribución de las inversiones en los últimos años en Cuba deja muchas dudas al respecto, con una evidente desatención a sectores industriales, agricultura, electricidad, salud y educación; en detrimento de la construcción de hoteles propiedad de militares, que permanecen vacíos debido a la caída del turismo.
En este escenario de concentración de la propiedad y planificación centralizada, entra también una variable que ha sido fundamental en la mayoría de las experiencias comunistas: el papel del líder. En el caso cubano, el de Fidel Castro, poseedor de un ego y un carácter autoritario de tal dimensión que se sentía con la capacidad de imponer sus ideas, por absurdas que estas fueran, en todos los órdenes de la vida social del país, incluida la economía. Así, a la disfuncionalidad propia de un sistema estatizado, centralizado y planificado, se sumó la megalomanía de un hombre que arrastró el país a costosos proyectos fallidos que significaron la quiebra de la ganadería, el azúcar, el café, la agricultura y prácticamente todos los sectores económicos del país.
Y ese esquema se replica en cada provincia, donde los primeros secretarios del PCC actúan como mini-Castros desde el espacio que les deja el poder central; en cada ministerio y en cada empresa, donde los directivos son designados por el Partido y se definen más por su confiabilidad política que por su capacidad profesional, aunque en algunos casos puedan coincidir ambas en una misma persona.
Los efectos combinados de estatización, centralización y planificación son nefastos para la economía y no son privativos de Cuba, sino que se han visto, una y otra vez en cada país donde el modelo económico socialista estilo soviético ha sido adoptado; sin importar culturas ni grados de desarrollo prexistentes. Lo mismo en Laos que en Alemania Oriental, el modelo ha fracasado porque desincentiva la producción y el trabajo, elimina la competencia, mantiene empresas ineficientes a costa del presupuesto estatal, “frena el desarrollo de las fuerzas productivas, limita el emprendimiento empresarial y ralentiza e incluso empeora el bienestar material de la sociedad”. Por eso países como China y Vietnam han reformado algunos elementos económicos del modelo, abriéndose al mercado, pero manteniendo el control político.
Desde el discurso oficialista cubano, el chivo expiatorio de todos los problemas del modelo es el embargo norteamericano, pero esto no es cierto. Si bien no puede descartarse el efecto de las sanciones estadounidenses, el modelo económico cubano no ha logrado ser realmente productivo y eficiente ni siquiera en los períodos en que recibía grandes subvenciones de la Unión Soviética primero y luego de Venezuela. “Durante el período 1960-1990 el comercio bilateral [con la URSS] otorgó a Cuba 65.000 millones de dólares (tres veces la ayuda que la Alianza para el Progreso dio a América Latina). (…) En su cima en 2012, la ayuda, subsidios e inversión venezolana hacia La Habana equivalían al 11% de PIB cubano”, según datos del economista Carmelo Mesa Lago
Una investigación académica reciente, concluyó mediante cálculos y análisis de datos económicos anteriores a 1959 y hasta 1989 que “la Revolución hizo que Cuba abandonara su camino anterior hacia una mayor prosperidad, la ayuda soviética solo enmascaró la magnitud de ese abandono y el embargo estadounidense tiene una importancia mínima”, con responsabilidad en menos de una décima parte de la caída del ingreso bruto per cápita, según los autores.
Más allá de lo económico
Ahora ¿por qué mantener un modelo a todas luces ineficiente cuando sería muy sencillo hacer cambios en un sistema como el cubano, donde un grupo reducido de personas detenta el poder absoluto?
Sería ingenuo pensar que tal diseño sea producto solamente de la incapacidad o el empecinamiento ideológico, mientras se desconoce que es parte esencial de una estructura de control político. La falta de recursos dificulta que el individuo pueda movilizarlos en función de cambios políticos, el empobrecimiento obliga a dedicar la mayor parte del tiempo a la subsistencia y ambos, vuelven vulnerable y dependiente a la persona ante un Estado que se presente como omnipresente y omnipotente en términos políticos, pero también económicos.
Es por esto que, una de las obsesiones del modelo económico socialista estilo soviético, ha sido impedir la concentración de la riqueza y la propiedad. Bajo un supuesto objetivo de justicia social, la Constitución de la República establece que “La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”.
Para esto se vale de todo un andamiaje legal que tipifica como delito prácticas económicas normales en la mayor parte del mundo, aplicado de forma discrecional en el marco de un Estado de derecho inexistente y de un poder judicial que carece de independencia. Este control, aplicado celosamente para impedir el desarrollo económico individual, contrasta con la falta de transparencia con que actúa el propio Estado en términos económicos, con presupuestos cuya distribución y ejecución se desconocen en la práctica, con redes millonarias de empresas offshore distribuidas por todo el mundo y una economía paralela en manos del aparato militar que ni siquiera puede ser auditada por las instituciones estatales.
Así, mientras un 89% de la población del país vive en condiciones de pobreza, el emporio empresarial militar GAESA acumula en sus cuentas miles de millones de dólares, los principales dirigentes y sus familias llevan vidas de lujo, y no faltan los recursos para la represión y la propaganda.
Mientras al ciudadano común le restringen su capacidad de emprendimiento a una lista reducida de actividades, le pagan salarios miserables, le impiden invertir en sectores abiertos al capital foráneo y emplean la ley para castigar la prosperidad; la descendencia de la cúpula castrista y un grupo reducido de testaferros y leales al poder se apropia de negocios con amplios márgenes de ganancias, en un ambiente carente de competencia, y con consumidores rehenes cuyos familiares en el exterior tienen que pagarles en dólares la comida, las comunicaciones, la electricidad, la ropa, la diversión y últimamente, hasta la salud.
Entonces, sí, el modelo económico es altamente ineficiente a la hora de generar desarrollo y mejorar la capacidad de vida de la población, pero no así para obtener los recursos que necesita la cúpula en el poder para mantenerse y a la vez impedir el surgimiento de grupos económicos independientes que puedan disputarle el poder político. En términos económicos el modelo no funciona, es un fracaso, pero en términos políticos, desde la racionalidad de un grupo cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder, la respuesta es menos absoluta.
