MIAMI, Estados Unidos. – La presa política del 11J Lizandra Góngora, quien se encuentra recluida en la cárcel Los Colonos (Isla de la Juventud), no recibe la atención ginecológica que requiere tras ser diagnosticada con un fibroma uterino, denunció su esposo, Ángel Delgado, en declaraciones ofrecidas a Martí Noticias.
“Nunca más la han llevado al médico para atenderle el fibroma, nunca más la han llevado a un ginecólogo para revisarla”, indicó. “Ella sigue con inflamación y toma analgésicos para los dolores”. Según relató, los medicamentos los aporta la familia porque en la prisión “no hay”. “Le dicen que no hay condiciones para atender el fibroma”, añadió Delgado, quien recibió un acta de advertencia después de su última visita por denunciar la situación.
Góngora, de 38 años y madre de cinco hijos —tres de ellos menores—, cumple una condena de 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue sentenciada por sedición, desorden público y desacato.
La presa política permanece en Los Colonos, lejos de su familia, residente en Güira de Melena (Artemisa). Su esposo ha denunciado amenazas de traslado a prisiones más distantes —en provincias como Guantánamo o Pinar del Río— si solicita acercamiento familiar.
En marzo de 2023 a Góngora le diagnosticaron un fibroma de cinco centímetros que provoca hemorragias frecuentes. A mediados de 2024 fue hospitalizada por sangrados y dolores intensos. Pese a ello, no ha recibido seguimiento especializado. Las autoridades han dicho que en la Isla de la Juventud no hay personal capacitado para realizar la operación que necesita. A ello se suman restricciones arbitrarias en las llamadas telefónicas que, según Delgado, le impiden comunicarse con su familia incluso en el horario establecido.
Además de la falta de atención médica, Góngora enfrenta hostigamiento intracarcelario, según diversos reportes. A mediados de mayo pasado, Delgado responsabilizó a la Policía política por orquestar el acoso contra su esposa, que estaría a cargo de la reclusa común Yasnay Casamayor Correa —condenada por malversación—, quien trabaja en la oficina de la PNR dentro del penal e intenta desacreditar a Góngora acusándola falsamente de ser informante de la Seguridad del Estado.
Góngora es una de las mujeres con la sanción más severa por el 11J. Este año fue finalista del Premio Graciela Fernández Meijide, reconocimiento a presos políticos en América Latina otorgado por CADAL.
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