LA HABANA, Cuba.- En los últimos tiempos los jerarcas económicos del castrismo, en aras de atenuar la corrupción y los hechos delictivos que abundan en las empresas y entidades estatales de la nación, impulsaron el control interno en dichas dependencias. Un control basado en la figura del auditor interno, un trabajador de la entidad con conocimientos de Economía y Contabilidad, cuya misión principal es vigilar al resto de sus compañeros para que no se apropien de los productos terminados, los insumos productivos y otros recursos con que cuenta su empresa.
También este auditor interno debe velar por que la gestión económico-productiva de la entidad siga las pautas trazadas por los niveles superiores, y así evitar que los errores metodológicos sean detectados por los auditores externos de los ministerios o de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, todo indica que el mecanismo del control interno no ha sido capaz de contener el desvío de recursos -un eufemismo utilizado por las autoridades para no mencionar la palabra robo- que afecta al sector estatal cubano. Evidentemente no existe un ambiente de control en la mayoría de las entidades. Nadie se siente dueño de nada, ni siquiera los jefes administrativos, muchos de los cuales son los primeros en adueñarse de lo ajeno.
En este contexto de impaciencia gubernamental por tratar de evitar el desfalco de sus recursos productivos no faltó la sugerencia del mandatario Díaz-Canel, en el sentido de instaurar un control popular en las empresas y entidades estatales. Mas, nunca se ha dicho de qué manera se piensa instaurar semejante control, si se empleará a los Comités de Defensa de la Revolución, o se activarán las Brigadas de Respuesta Rápida.
Así las cosas, la contralora general de la República, Gladys Bejerano, sin desentenderse totalmente del control interno -cuya comprobación nacional se anuncia para el mes de septiembre- se ha referido recientemente al autocontrol, un nuevo mecanismo que se caracteriza porque cada trabajador de la entidad ¡se controle a sí mismo!
La Contralora declaró que durante los meses de junio y julio tendrá lugar un Ejercicio Nacional de Autocontrol, el cual se realizará “con el fin de promover una cultura de control y prevención en las administraciones y encaminado a fortalecer su conducta ética, los sistemas de control participativo y las rendiciones de cuentas transparentes”.
Es obvio que las bondades que el oficialismo espera de este autocontrol, un mecanismo poco menos que rayano en el absurdo, deja entrever los pocos resultados que se han obtenido por anteriores mecanismos de control.
Por otra parte, y aunque no se han anunciado últimamente cifras de hechos delictivos en empresas y entidades estatales, algunos sucesos nos permiten apreciar que estas anomalías siguen estando presentes en gran escala.
Por ejemplo, en la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril, la propia Contralora evaluó el comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa durante el año 2021, y reafirmó que las actividades del comercio y la gastronomía, la industria agroalimentaria y la comercialización mayorista habían sido las más afectadas en ese sentido.
Claro, lo que nunca ha reconocido la señora Gladys Bejerano es el fracaso de su Contraloría en la tarea de prevención de tamañas ilegalidades en el sistema empresarial de la isla, lo que ha dado lugar a la incesante búsqueda de nuevos mecanismos de control.
Y, a la postre, fracasarán también esos nuevos mecanismos de control. Porque en ese entramado de dueños sin rostros de la propiedad social, en el fondo a nadie le importa cuidar lo que únicamente le pertenece a la camarilla gobernante.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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