LA HABANA, Cuba. – Es sabido que las violaciones de derechos humanos en nombre de la Revolución Cubana, desde el 1ro de enero de 1959 hasta el presente, trazan un camino de nunca acabar. Cuando Fidel Castro recorrió la Carretera Central de Cuba y llegó a La Habana el 8 de enero con el propósito de convertirse en jefe de la nación, ¿qué leyes lo amparaban, quiénes lo habían elegido y cuál era su programa político? Días antes, su hermano Raúl Castro, en rápidos juicios sumarios, había fusilado a más de 60 militares, policías y civiles vinculados al régimen de Fulgencio Batista.
De esta forma, el castrismo comenzó a violar las leyes y la Constitución, una de las más progresistas de la época.
Ni siquiera sabemos qué ocurrió con el magistrado Manuel L. Piedra, el más antiguo del Tribunal Supremo, que debía sustituir legalmente a Fulgencio Batista; o bajo qué leyes se hizo algún pacto cívico-militar con grupos de rebeldes armados.
Por su parte, Fidel Castro decretó una huelga general, proclamó a Santiago de Cuba capital del país y nombró presidente de la nación a un magistrado que, a su vez, creó un Consejo de Ministros para modificar la Constitución de 1940.
Las violaciones a las leyes cubanas no se detienen ahí. Castro llegó a La Habana, entró como Pedro por su casa al Campamento de Columbia y pronunció su primer discurso televisado, conocido por su título “¿Armas para qué?” y basado en las pugnas entre él y otros líderes. También estableció la pena de muerte y la confiscación de la propiedad privada por “delitos políticos”; ratificó los Tribunales Revolucionarios, responsables de 500 condenas a muerte por fusilamiento, rechazó el derecho a huelga por “innecesario” y pospuso las elecciones generales hasta eliminar el desempleo y el analfabetismo.
A mediados de ese mismo año, 1959, Castro lanzó otra ley basada en la expropiación de las propiedades estadounidenses y cubanas.
Hoy, al cabo de 62 años, Cuba es la misma con relación al respeto de las leyes y la Constitución de 1940. Incluso, el régimen castrista ha seguido violando sus propias normas, las que dicta un pequeño grupo.
Es el mismo país donde la Fiscalía General de la República ya prepara cargos contra probables manifestantes pacíficos, opuestos al yugo comunista y la opresión.
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