MIAMI, Estados Unidos. – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas presentó un informe este lunes en el que detalla graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales en Venezuela.
El informe, que cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024 (icluido el período de elecciones presidenciales), señala que las autoridades del Estado están involucradas en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género.
El informe, de 158 páginas, acusa directamente a instituciones como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional de participar masivamente en la represión de protestas y la detención arbitraria de opositores. “Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos”, señala el documento.
Una de las acusaciones más graves es la de que las declaraciones de las máximas autoridades del país, especialmente tras el 28 de julio, “incitaron a la represión y contribuyeron a un clima de hostilidad y violencia”. La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, subraya que estas acciones fomentaron un ambiente propicio para el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder.
El Consejo Nacional Electoral también fue señalado por no cumplir con los principios básicos de transparencia e integridad, mientras que la Asamblea Nacional fue señalada por aprobar leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico. Además, el sistema de justicia venezolano “siguió operando con falta de independencia”, según el informe.
El informe también destaca un cambio en el perfil de las víctimas de la represión: si en informes anteriores las principales víctimas eran líderes de la oposición y activistas sociales, ahora también incluye a ciudadanos comunes. “Los abusos fueron sufridos por ciudadanos simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones”, indicó la misión.
En los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo sospecha de conspiración en la denominada “operación Brazalete Blanco”. Durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron arrestadas por colaborar con la oposición. Estas detenciones, según el informe, “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”.
La represión aumentó considerablemente después de los resultados electorales, cuando las autoridades iniciaron una campaña de detenciones masivas sin precedentes. “El número de arrestos llegó a contarse por miles, sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”, advierte el informe.
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