MADRID, España.- La activista cubana Saily González compartió este miércoles a través de sus redes sociales una cronología de las acciones represivas más relevantes del régimen castrista en su contra.
La emprendedora, natural de la provincia de Villa Clara, manifestó que uno de los objetivos fundamentales de esta denuncia era informar a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sobre el continuo acoso del que es víctima.
González pidió apoyo a estas organizaciones en caso de que sigan ocurriendo acciones en su contra por parte de las autoridades represivas del régimen.
Aunque desde 2016 recibía amenazas de la Seguridad del Estado por sus denuncias a la violación de los Derechos Humanos en la Isla, el acoso aumentó, y no se ha detenido, desde su unión al grupo Archipiélago y su decisión de participar en la Marcha Cívica por el Cambio en la ciudad de Santa Clara, explicó la activista.
Según refiere, el 9 de noviembre de 2021 asistió a su primera citación, acusada de actividad económica ilícita, por lo que se le abrió un proceso penal sin derecho a abogado.
El 15 de noviembre, para evitar que saliera a marchar, fue víctima de un acto de repudio que duró todo el día.
Cinco días más tarde, la exintegrantes de Archipiélago fue interceptada por dos agentes de la Seguridad del Estado que la subieron a un auto particular.
“Una vez dentro del auto me violentaron para quitarme el teléfono y mis pertenencias. De esta forma ejecutaban un secuestro y a la vez la primera desaparición forzada de la que he sido víctima”, relató.
Después de tres horas pudo regresar a su casa. Le habían cortado la línea telefónica y el servicio de internet.
El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, colocaron un inhibidor de señal en su barrio (Reparto Domínguez, Santa Clara) con el fin de volver a impedirle el uso de este servicio.
En enero de 2022, mes en que se ha mantenido denunciando la situación de los presos políticos en Cuba, la represión y las amenazas han aumentado.
El día 14 estuvo detenida durante 5 horas en Instrucción Penal, acusada de desacato y desorden público.
“Allí fui sometida a torturas… En esas mismas instalaciones me aplicaron una multa de 3,000 pesos por violación del Decreto Ley 370, popularmente llamada Ley Mordaza, por haberme referido a Miguel Díaz-Canel como ´singao´, y me ocuparon mi teléfono celular, mis audífonos y mi disco duro para investigarlos por el delito de desacato del que me amenazaron, pero finalmente no me acusaron”, detalló.
Entre el 17 y el 26 de enero ha sido llamada a declarar en varias ocasiones. Durante estos interrogatorios han continuado las amenazas de cárcel.
Al final de su publicación, Saily González manifestó su disposición a continuar las denuncias y la defensa de los Derechos Humanos.
“Mi único temor hoy es ser procesada por mi activismo”, dijo la opositora y culpó a la República de Cuba de lo que pudiera ocurrirle.
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