MIAMI, Estados Unidos.- El Parlamento de Cantabria, con sede en Santander, España, aprobó este lunes una proposición no de ley que condena a Cuba por no respetar los derechos humanos y exige al régimen de la isla la libertad de los presos políticos.
De acuerdo a una nota de Radio Televisión Martí, la proposición, promovida inicialmente por la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia kubarentzat, exige “al Gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoya una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad”.
En el Parlamento de Cantabria la proposición no ley fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y contó con el respaldo de parlamentarios socialistas, del Partido Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista, reza la nota.
“Ha sido una gran jornada al comprobar que la totalidad de las fuerzas políticas de esta región de España están de acuerdo en la situación de nuestro país”, dijo al respecto la asociación de cubanos en la región.
“Condenamos y condenaremos de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como es Cuba que consideramos hermano y exigimos la inmediata liberación de los presos encarcelados por expresar sus ideas”, dijo, por su parte, el Partido Socialista Obrero de Cantabria.
Asimismo, desde Ciudadanos Cantabria, el diputado Diego Marañón aseguró que “siempre pedimos acabar con cualquier tiranía comunista. Estamos del lado de los cubanos y la protección de sus derechos y libertades fundamentales”.
“España debe liderar la respuesta de la UE hacia Cuba y contra el régimen castrista”, agregó.
El pasado mes de mayo la ONG Prisoners Defenders (PD) denunció que desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022 la cifra de presos políticos ascendió a 1 218. De ellos, 874 son manifestantes del 11J.
“En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1 015 presos sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, indicó el informe de Prisoners Defenders.
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