MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió este martes al Gobierno de España un informe jurídico sobre la situación del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, manifestante del 11J que cuenta con nacionalidad española y cubana y que fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de sedición.
La ONG, con sede en Madrid, detalló a las autoridades españolas que Prieto Ricardo fue víctima de un proceso judicial amañado y lleno de irregularidades en el que ni siquiera se pudo comprobar su culpabilidad.
“El análisis de la sentencia recoge que en ningún momento quedó probado el delito de sedición que le era imputado; que no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción; manejo político del caso, sin tener en cuenta las incongruencias de los testigos de la fiscalía y cometiendo errores en la ponderación de pruebas”, señala el comunicado.
La organización explica en su informe que en el proceso judicial tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud de Prieto Ricardo, quien padece de problemas psiquiátricos desde pequeño y que también ha intentado suicidarse en varias ocasiones.
El reporte añade que este caso, “como otros similares, está ceñido a los dictados del Partido Comunista y su policía política, entrometidos en la actividad judicial, que no pretenden otra cosa que criminalizar conductas cívicas naturales espontáneas (…) y persuadir a la ciudadanía a no ejercer derechos individuales constitucionales al mostrarles las arbitrarias consecuencias”.
En ese sentido, el OCDH llamó al Gobierno de España a intervenir en favor de Mario Josué Prieto Ricardo para detener tamaña injusticia.
“Si bien el régimen cubano aplica el principio de ciudadanía efectiva, eso no impide que las autoridades españolas intervengan. El gobierno cubano siempre ha actuado violando incluso sus propias leyes. En este caso, se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español”.
La OCDH advierte, además, que “no hacer nada es la peor opción”.
“La presión de España podría ser determinante para obtener la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo”, señala el informe.
El manifestante del 11J se encuentra encarcelado desde hace más de un año en condiciones de salud calificadas de peligrosas. Asimismo, la familia del preso político ha denunciado en varias ocasiones que en el expediente elaborado para el juicio en su contra no aparecía mención alguna a su delicado estado de salud.
En cambio, las autoridades judiciales del régimen cubano aseguraron que “está demostrado en el proceso investigativo que el acusado tuvo una participación protagónica en hechos violentos”.
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