LA HABANA, Cuba. – El estudiante universitario Leonardo Romero Negrín fue multado con 1 000 pesos por el supuesto delito de “desórdenes públicos” debido a su participación en las protestas del 11 de julio (11J) en La Habana.
En el caso del proceso en su contra por haber concurrido a la manifestación del 30 de abril en la calle Obispo ―por lo que también estaba acusado de “desórdenes públicos”―, el joven estudiante informó que la causa había sido sobreseída.
“Han sido más de seis meses a la espera, entre insomnios y preocupaciones de quienes nunca creyeron que me tocaría. (…) De más está decir que ha sido un proceso muy irregular, donde evidentemente no sabían qué hacer porque no había manera de que quedaran bien parados. Eso suele sucederles cuando chocan con la sinceridad. (…)”, escribió Romero Negrín en su perfil de Facebook.
El joven de 22 años fue detenido el 30 de abril de 2021 cuando, en medio de una protesta pacífica en la calle Obispo en apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara (en ese momento en huelga de hambre), sacó un cartel que decía “Socialismo sí, represión no”. Aunque fue liberado poco después, menos de tres meses más tarde volvió a ser arrestado durante las masivas protestas del 11J. Ese día fue golpeado en más de una ocasión por agentes de la policía, según ha denunciado. Fue liberado seis días más tarde y, desde entonces, se encontraba en espera de juicio.
Romero Negrín declaró a CubaNet que hace alrededor de una semana había sido citado para la estación policial de Zanja, en La Habana, en donde un oficial de Villa Marista, el Departamento de la Seguridad del Estado, le informó sobre la decisión de imponerle la multa por su participación en las protestas del 11J.
Tras pagar dicha sanción, agentes de la unidad policial de Picota le informaron que archivarían el proceso en su contra por la manifestación del 30 de abril. “No por falta de elementos que me incriminen (según ellos) sino porque no quieren meterme preso”, precisó el joven.
“Ustedes no son tan bondadosos ―dijo refiriéndose a los oficiales de la Seguridad del Estado― y han quedado expuestos porque saben que el socialismo del que hablo es el que ustedes a diario mancillan faltándole el respeto a algunas personas que culturalmente se asumen ‘Patria o muerte’ (algunas, a mi consideración, honestas) que se me han acercado con pena para decirme lo decepcionados que están de lo que está pasando”.
La multa impuesta se basa en el Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3, comúnmente conocida como 8.3. Se trata de una medida administrativa que faculta a la Policía para imponer multas (de entre 2 000 y 7 000 pesos) a personas acusadas de delitos cuya sanción no exceda de tres años de privación de libertad, o multa de hasta 1 000 cuotas o ambas, en lugar de enviar el caso a los tribunales y celebrar un juicio.
Para la abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, “esto es una violación de las garantías del debido proceso porque convierte a los policías en jueces que interpretan directamente la ley; y eso debería hacerlo solamente un tribunal. Los policías tampoco están preparados ni capacitados para hacer ese tipo de trabajo porque, por ejemplo, estarían violando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Esas personas [los acusados] estarían aceptando que la Policía los juzgue sin la presencia de un abogado defensor”.
Por su parte, Romero Negrín agradeció el apoyo de familiares y amigos durante estos meses de tensión en los que muchos de ellos fueron interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado. “Mi madre tuvo varias crisis de ansiedad y muchas llamadas de acoso y amenaza por parte de la Seguridad del Estado”, reveló.
El joven también se cuestiona que su caso fuera archivado cuando hay cientos de personas privadas de su libertad “por haber hecho lo mismo e incluso menos. ¿Por qué el privilegio? ¿Por qué la injusticia? A todas mis hermanas y hermanos presos solo les digo una cosa. ‘Sobrevivan, por favor’. Ya nos veremos… aquí afuera o allá dentro”, refirió.
El 30 de abril alrededor de una docena de personas fueron detenidas junto a Leonardo Romero. Actualmente, permanecen bajo medida cautelar de prisión preventiva Esteban Rodríguez, Inti Soto y Luis Ángel Cuza. Por su parte, Thais Mailén Franco y Mary Karla Ares se encuentran en reclusión domiciliaria y están igualmente en espera de juicio. Todos están siendo acusados de “desórdenes públicos” y “resistencia”.
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