MADRID, España.- El ministro de Justicia cubano Oscar Silvera viajó a Londres para participar en las últimas jornadas del juicio contra el régimen cubano y el Banco Central de Cuba (BCC) por impago de una deuda de 72 millones de euros interpuesta por la firma de inversores CRF-I Ltd., con sede en Gran Caimán.
“Me encuentro en Londres. Participaré en jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra. Defendemos la verdad: Banco Nacional y Cuba ratifican que CRF no ha sido ni es su acreedor”, dijo Silvera desde la red social Twitter.
Me encuentro en Londres. Participaré en jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra. Defendemos la verdad: Banco Nacional y Cuba ratifican que CRF no ha sido ni es su acreedor. @CubaMinjus pic.twitter.com/lbPDPHI7fn
— Oscar Silvera Martínez (@OscarCubaMinjus) January 31, 2023
En sesiones anteriores del juicio, iniciado el lunes 23 de enero, el gobierno de Cuba para evadir el pago de la deuda ha argumentado que el grupo es un fondo buitre. Así como considera no válida la autorización concedida en noviembre de 2019 por Raúl Olivera Lozano, entonces director de operaciones del Banco Nacional de Cuba, pues el CRF-I no está registrado en el BNC como acreedor (solo su solicitud).
Sin embargo, CRF ha acusado al Gobierno cubano de “fabricar pretextos” y sostiene que el grupo “es demasiado pequeño” para ser considerado “un fondo buitre”.
Recientemente, el economista Elías Amor explicó que uno de los flancos que ha intentado atacar el castrismo durante el juicio es el hecho de que representantes de CRF-I que fueron interrogados por la barrister inglesa que lidera la defensa de la parte cubana hayan admitido que la demanda ante tribunales era una opción desde que intentaron adjudicarse los títulos de deuda.
Se trata, en cualquier caso, de un procedimiento establecido dentro del modus operandi de los llamados fondos de capital en riesgo y no de una violación o ilegalidad, apuntó el economista.
El experto recordó que fue la dictadura la que “hizo oídos sordos a cualquier reclamación de los acreedores, y de eso también hay pruebas, de modo que la vía judicial no fue la primera intención, ni mucho menos”.
Durante las próximas horas la jueza Sara Cockerill tendrá que determinar si el CRF es el acreedor legítimo de los títulos por 72 millones, derivados de contratos de préstamos suscritos por el Gobierno de Fidel Castro con dos bancos europeos en 1984.
Las sesiones del juicio han estado acompañadas de emigrados cubanos que se han manifestado en las afueras de la Corte de Justicia, denunciando y exigiendo al régimen el pago de la deuda.
