LA HABANA, Cuba. – En menos de 11 meses vence la condena de Nelson Canales Hernández, un cubano procesado por “abusos lascivos” que, desde la cárcel, amenaza con atentar contra la niña que agredió durante ocho años y contra el padre de la menor.
En junio de 2020, Canales Hernández fue sentenciado a tres años de privación de libertad por cometer abuso lascivo contra su hijastra, quien tenía solo cuatro años cuando comenzó a ser su víctima.
No obstante, en su contra existen otras tres denuncias, interpuestas por acosar a la niña y a su padre a través de llamadas telefónicas realizadas desde el campamento penitenciario donde se encuentra recluido. En ellas, culpa a ambos por la sanción que cumple y, asegura que, una vez en libertad buscará “venganza”.
“En su cinismo los malos somos nosotros. Mi hija, por ‘dejarse’ abusar y yo por denunciarlo como el depredador sexual que es. Dice que pronto nos veremos las caras, que me va a dar una puñalada en el cuello y me va a dejar tirado en las escaleras del edificio”, cuenta Carlos*, padre de la menor de edad, cuya historia fue publicada por CubaNet el pasado 13 de enero.
La primera llamada realizada por Canales Hernández a Carlos y su hija data del 22 de marzo de 2021. Dicho contacto generó una primera denuncia que fue efectuada la mañana siguiente en la Cuarta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio Cerro. Las otras dos denuncias se realizaron en días sucesivos a las demás llamadas de Canales Hernández, el 24 de marzo y el 13 de abril de 2021, respectivamente.
Desde el inicio debieron ser registradas como “atentado”, tal y como establece la Ley de Procedimiento Penal. Aun así, y a pesar de los reclamos, fueron recogidas como “amenaza”.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández Herrera especifica que comete un delito de atentado quien ejerza violencia o intimide a una persona o sus familiares por haber contribuido a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.
“En este caso la diferencia es que la acusación por amenazas tiene como pena máxima un año de privación de libertad, mientras que por atentado la Fiscalía puede pedir de uno a tres años”, explicó Hernández Herrera.
Según Carlos, desde la primera denuncia la Policía cuestionó la veracidad de las evidencias presentadas, consistentes en un CD con las grabaciones de las llamadas y las capturas de pantalla de su teléfono celular con los horarios en que estas fueron realizadas.
Como argumento, la Policía esgrime que Canales Hernández se encontraba recluido y sin acceso a un teléfono. Además, en el informe entregado a la instructora que lleva el caso, la PNR omitió la llamada que hiciera Canales Hernández en la mañana del día 13 de abril.
ETECSA, por su parte, ubicó la primera llamada en el reparto Guanabo, donde no existen centros penitenciarios.
“Es evidente que ETECSA manipuló el informe. No puedo asegurar que intencionalmente, pero tampoco creo en las coincidencias. Conservo el registro de la llamada en mi teléfono y nunca lo han querido aceptar como prueba de que esa llamada existió”, expresó Carlos, quien en la última década ha sufrido múltiples represalias por pedir cambios políticos para el país y ejercer el periodismo independiente.
De manera insistente las autoridades pidieron a Carlos entregar su teléfono para que los especialistas del Ministerio del Interior (MININT) pudieran extraer las llamadas y corroborar la autenticidad de las grabaciones usadas como prueba, aun cuando ese registro podía ser facilitado por ETECSA.
“Les dejé claro que nunca se los iba a dar. Todos los opositores sabemos que si nuestro teléfono pasa por un laboratorio del MININT, lo menos que le puede pasar es que te pongan algún programa para espiar tus comunicaciones o para que el teléfono se rompa”, argumentó.
Enredos sin salida
Luego de varios meses de espera, Carlos fue citado para el pasado 28 de enero en la Cuarta Unidad de la Policía. Allí lo entrevistaron una primer teniente que se presentó como Yanieska y un oficial de rango mayor que no se identificó. Junto a ellos se encontraba la fiscal Jessica Frías Pérez, quien dijo que además de estar encargada del caso, era la vicefiscal del municipio.
Carlos destaca que, hasta ese momento, la fiscal no había escuchado ninguna de las grabaciones. No obstante, tras escucharlas tuvo que aceptar que a Canales Hernández no se le había retirado el beneficio de la comunicación telefónica.
El miedo de Carlos y sus hijos se acrecentó el 21 de febrero pasado, cuando su vivienda sufrió un intento de entrada forzosa durante el día. Aunque la Guardia Operativa de la PNR hizo la revisión criminalística, hasta la fecha se desconoce la identidad de la persona que intentó acceder al apartamento, ubicado en un edificio multifamiliar del Cerro.
Debido a la inseguridad generada por la nueva amenaza, el 27 de abril Carlos se entrevistó con el director municipal de Vivienda del Cerro, con el propósito de ceder su morada a cambio de un local cuya ubicación sea desconocida por Canales Hernández.
“Perdí el tiempo, porque supuestamente los locales no los entrega él y no tiene fondo habitacional para cambiarme la vivienda, a pesar de que estaba dispuesto a cambiar mi apartamento por algo mucho más chiquito. Eso no importaba, lo que busco es seguridad para mis hijos y para mí”, destacó Carlos.
Con las denuncias navegando de una oficina a otra sin que se concluya el proceso de instrucción penal contra Canales Hernández, Carlos teme que el abusador de su hija pueda quedar en libertad antes de que las autoridades decidan celebrar el nuevo juicio.
“Lo único que pido es que se respeten mis derechos como los de cualquier otro ciudadano de este país, que la Policía y la Fiscalía del Cerro hagan su trabajo. Los culpo a ellos de cualquier cosa que pueda hacernos ese enfermo mental; es su responsabilidad. Pareciera una situación que quieren propiciar”, concluyó Carlos.
* Respetando su voluntad, en este reportaje se utiliza el nombre de Carlos para proteger la identidad del entrevistado.
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