MIAMI, Estados Unidos. – La ONG Justicia 11J, surgida a causa de la ola represiva desatada por el régimen cubano tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, teme que las altas condenas contra manifestantes sean una estrategia del Estado para conseguir concesiones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
“Nos oponemos a que las altas sanciones contra manifestantes formen parte de una estrategia del Estado cubano para lograr concesiones de parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, a cambio de rebajas que pudiesen ser simbólicas o poco determinantes”, tuiteó la ONG en un extenso hilo donde actualiza sobre las sanciones aplicadas a numerosos manifestantes.
El grupo de trabajo tuvo acceso a tres nuevas sentencias correspondientes a manifestantes de La Habana, emitidas durante la pasada semana. La primera de ellas (Causa 68/2022) condenó por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato a los cubanos Marlon Hitachi Paz Bravo (22 años de edad, seis años de condena); y Jandys González Mujica (30, ocho años de condena); Maikel González Mura (42, seis años de condena).
Como parte de la misma causa, también fueron sancionados con trabajo correccional sin internamiento Yamilka Pérez Naranjo (39, cuatro años de condena); Roxana Miriam Perdomo Quesada (22 años, cuatro años de condena); Osvaldo Canto Piedra (27, cinco años de condena); Gabriel de la Concepción Portal (30, cinco años de condena); Armando José Aguilar Nevot (53, dos años de condena); y Yerandy Acosta Jiménez (42, dos años de condena).
Justicia 11J también recordó que “luego de fuertes campañas en redes y de huelgas de hambre y sed, el profesor Pedro Albert, de 64 años y paciente de cáncer, fue sancionado a cinco años de limitación de libertad”.
“Tras su excarcelación, Pedro Albert protagonizó el pasado domingo una caminata en solitario por la liberación de los presos políticos, a raíz de la cual fue arbitrariamente detenido durante unas horas”, agregó la organización.
En el caso de la Causa 8/2022, fueron condenados con privación de libertad, por el supuesto delito de sedición, Lázaro Yurisan Sarduy Basaure (30, 14 años de condena); Lázaro Osmel Salinas Hernández (25, 15 años de condena); Yoslien Rodríguez Roa (39, 11 años de condena); Yunier Sánchez Rodríguez (36, 11 años de condena); Deyvis Javier Torres Acosta (30, 10 años de condena); Carlos Pérez Cosme (35, 10 años de condena); y Reinier Borrell Lebrigio (35, 10 años de condena).
Además, fueron sancionados con trabajo correccional sin internamiento Alcides Peró Candó (33) y Manuel Alberto Bermúdez Sardiñas (34), ambos con cinco años de condena.
Por último, como parte de la Causa 9/2022, y por el supuesto delito de sedición, fueron sancionados con privación de libertad Yemny Yak (siete años de condena); Luis Alberto (12 años); Ihazmell (cinco años), Yosandri (10 años); y Yurien Rogelio (11 años).
Mientras, Alejandro Rodríguez Chávez (29) fue condenado a cinco años de limitación de libertad; Agustín Jonathan Vargas Díaz (18) a cinco años de trabajo correccional sin internamiento; y Aldo Delgado Romero (47) a cinco años de trabajo correccional con internamiento.
“De acuerdo con nuestros registros, al menos 33 personas están aún pendientes de juicio con petición fiscal, y más de 200 pudieran también estar pendientes de ser procesadas (no hemos tenido actualización de sus casos)”, precisó Justicia 11J.
“Para los manifestantes y presos políticos en general queremos la absolución y el sobreseimiento libre y total, como respuesta a los reclamos de la sociedad civil y como deber primero del Estado, y no como moneda de cambio en la arena política”, concluyó la ONG.
