MADRID, España.- La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó este 25 de enero, por primera vez, sobre los juicios que el régimen cubano está desarrollando contra los participantes en las protestas populares de julio del pasado año.
Aunque el Gobierno de Cuba se ha mantenido haciendo “mutis” al respecto, a pesar de las demandas de información, la entidad manifestó que “constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los hechos ocurridos el 11 de julio de 2021”.
A través de un comunicado publicado por el medio oficialista Cubadebate, la FGR consideró las manifestaciones como “graves” y “que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista”.
Según el documento, la Fiscalía General “recibió 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos”.
De ellos, se han presentado 110 expedientes a los tribunales, con 710 acusados para ser juzgados.
Sobre 115 acusados que tienen entre 16 y 20 años de edad, la FGR expresó que se determinó ejercer la acción penal “por la gravedad de los hechos cometidos”.
Sobre 55 acusados, entre 16 y 18 años de edad, indicó que 28 de ellos están “asegurados con la medida cautelar de prisión provisional”. Mientras que a un total de 18 se les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
De los 60 que tienen entre 19 y 20 años de edad, 41 están “asegurados con prisión provisional”, apunta la información.
En su declaración la Fiscalía expuso que “sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”.
De acuerdo a la entidad, se atendieron a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y se tramitaron 238 quejas o peticiones.
“La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos”, concluye el documento.
Organizaciones nacionales e internacionales muestran una realidad diferente
La falta de visibilidad en los juicios, la violación de las leyes del derecho penal, la escasez de pruebas contra los acusados y lo excesivo de las medidas ha sido denunciado durante meses por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los propios familiares de los detenidos.
Este mismo lunes el Centro para una Cuba Libre aseguró que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 forman parte de “una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba”.
Mientras que plataformas como Justicia 11J y Cubalex se han mantenido reportando las detenciones arbitrarias, el acoso a los familiares de los presos políticos y el desarrollo de los procesos a “puertas cerradas”.
Por su parte, Estados Unidos también les ha dado visibilidad internacional a través de su campaña #PresosPorQué? (Jailed For What, en inglés).
A principios de este mes el grupo Prisoners Defenders exigió que los medios de prensa y diplomáticos dieran cobertura a estos juicios, y manifestó que “la prisión arbitraria de miles de personas por motivos de conciencia es un crimen de lesa humanidad”.
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