MIAMI, Estados Unidos. — El Centro para una Cuba Libre (CFC, por sus siglas en inglés) aseguró que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 forman parte de “una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba”.
En un comunicado publicado este lunes, la organización condenó los procedimientos utilizados por el régimen cubano contra activistas, opositores y resto de ciudadanos procesados. También recordó que muchos de ellos enfrentan severas peticiones fiscales, mientras que otros ya han sido condenados a largas penas de cárcel.
“Estos no son solo juicios, sino parte de una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba. Pido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y el fin de estos procedimientos falsos”, señaló John Suárez director ejecutivo de la entidad.
El Centro para una Cuba Libre llamó la atención sobre los juicios en desarrollo contra el líder opositor Félix Navarro Rodríguez, su hija, Sayli Navarro Álvarez, y otros activistas detenidos a raíz de la protestas del 11 de julio en el municipio matancero de Perico.
El CFC advirtió, además, sobre la situación de José Ángel Cedeño Ávila, preso político recluido desde el 11 de julio en el Penal de Boniato de Santiago de Cuba. Cedeño Ávila y otros presos políticos esperan su sentencia tras ser juzgados sin garantías procesales a finales de diciembre de 2021 en la ciudad de Santiago de Cuba.
Con su denuncia, el Centro para una Cuba Libre se unió a más de 200 defensores de los derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos, académicos y activistas en un llamado tanto a la dictadura cubana como a las democracias del mundo para pedir el fin de la represión en la Isla.
La organización también exige al régimen cubano la eliminación de las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria, permiso para el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles cubanas, así como la liberación de todos los presos políticos.
Otro de los objetivos de la denuncia es que la comunidad internacional establezca un embargo global de armas contra la dictadura cubana, que las naciones suspendan los acuerdos de cooperación económica y militar con La Habana y aplicar las Sanciones Globales Magnitsky contra los represores del régimen.
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