LA HABANA, Cuba. – Después de que, el pasado 6 de agosto, el Tribunal Provincial de La Habana ratificara la sentencia de 10 meses de privación de libertad impuesta a Dashiel Alfonso Catá por el supuesto delito de “desórdenes públicos”, la familia del joven solicitó la revisión del caso, un procedimiento legal tipificado en el artículo 455 de la Ley de Procedimiento Penal.
De acuerdo con Yaquelín Salas Hernández, pareja del joven que fue detenido el 11 de julio por intentar proteger a una manifestante que estaba siendo maltratada “por tres agentes vestidos de civil”, la familia decidió contratar un nuevo abogado y “poner en proceso de revisión el caso”.
“Tengo esperanzas de que esta vez sí se pueda hacer justicia; de que se revise bien lo que ha pasado y podamos lograr algo finalmente. Dashiel también tiene un poquito más de esperanzas con el abogado nuevo y el proceso que debe comenzar”, dice.
Alfonso se encuentra actualmente en la prisión Jóvenes de Occidente y “hace un poco más de 40 días que está sin poder salir”. En él área donde está recluido han aparecido casos positivos a la COVID-19 y, aunque le comunicó a su familia que se siente bien hasta el momento, su madre y su esposa se encuentran “muy preocupadas”.
Cubano Dashiel Alfonso condenado a diez meses por defender a una mujer el 11 de julio
Según Salas Hernández, a través de una llamada telefónica este domingo pudo conocer sobre el estado del joven bartender de 26 años, “después de estar varios días incomunicado”.
“Ellos tienen derecho a llamada martes y jueves, pero eso no se había respetado. Nosotros nos hemos quejado allá, hemos ido varias veces. Él dice que está bien, pero está afectado psicológicamente, deprimido…”.
La joven asegura que ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible por lograr la libertad de su esposo: ha enviado misivas “a los lugares pertinentes, al Consejo de Ministros, al presidente de este país ―para que sepa sobre el caso―, y a los tribunales”.
Mientras, para Elsa María Catá Bravo, madre de Alfonso, la situación injusta en la que se encuentra su hijo es preocupante, pues “en las cartas que escribe se proyecta triste, ansioso”.
“Estamos pasando por un período bastante difícil en la familia; mucha angustia porque mi hijo se merece estar libre. En ningún momento él se manifestó y aunque lo haya hecho tienen que respetar su ideología”, apunta la entrevistada antes de denunciar que Alfonso fue lanzado contra el piso en el momento de la detención. Le partieron la boca y se lo llevaron porque “era uno más del lugar”, señala.
“El 11 de julio mi hijo no se estaba manifestando, simplemente lo que quería era defender a una muchacha que estaba siendo maltratada por civiles que resultaron ser agentes de la Seguridad del Estado”, especifica.
“Nunca pensé que en este país hubiera estas injusticias que hoy hay con tantos jóvenes. Mi hijo Dashiel es uno de los que están sufriendo y en sus cartas me lo manifiesta, incluso en la última dice textualmente que le pasan muchas ideas por la cabeza, hasta la de quitarse la vida”.
Hasta ahora, el régimen ha celebrado dos juicios contra Dashiel Alfonso. El primero, el 20 de julio, fue un proceso sumario en el cual se le condenó a 10 meses de cárcel “sin haberle podido demostrar nada”, señala su familia. El segundo, el 6 de agosto, fue la apelación de la sentencia. En esa vista “no hubo variación, no se tomaron en cuenta las pruebas ni los testigos. Tampoco se respetó el principio de presunción de inocencia”, dice su esposa.
“Cuando estaba en la estación policial de 100 y Aldabó a mi suegra le prometieron que Dashiel saldría con una multa o cualquier sanción leve por lo que había pasado, porque en realidad no había nada en contra de él, pero no sucedió así”, cuenta Hernández Salas.
A pesar de las evidencias acerca de la violación del debido proceso en el caso de Alfonso, el periódico oficialista Granma asegura que “los procesos penales continúan con apego a las garantías” y que la Ley de Procedimiento Penal de Cuba prevé las garantías que han de cumplirse y que, supuestamente, se han honrado en el desarrollo de los actos judiciales.
Hasta este 23 de agosto, el Centro de Información Legal Cubalex reportaba 853 personas arrestadas (con internamiento o sujetos a investigación bajo medidas cautelares) a raíz de las protestas del 11 de julio.
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