LA HABANA, Cuba. – Veinte estados demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por causa del programa de parole humanitario aprobado por la administración Biden a principios de enero, con el objetivo de frenar la migración irregular de ciudadanos procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
El estado de Florida aparece entre los firmantes de la demanda, en la cual se rechaza una medida que permitiría a cientos de miles de extranjeros ingresar a territorios que ya están abrumados.
Los estados republicanos que respaldan la demanda sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional ha creado un programa de visas de facto sin aprobación legislativa, y que va más allá de las circunstancias limitadas en las cuales se puede emplear el parole humanitario de acuerdo a la ley federal.
El recurso, presentado ante un tribunal federal en Texas, incluye entre los firmantes a los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming y Texas.
La demanda especifica que Florida será uno de los estados más perjudicados porque deberá invertir millones de dólares y recursos estatales significativos ―educación pública, atención médica, servicios para víctimas de violencia e instalaciones correccionales― para proveer a los migrantes.
La procuradora general del estado del sol, Ashley Moody, ha asegurado que la solución de Biden para aliviar la crisis migratoria que él mismo creó es “permitir que los inmigrantes ilegales viajen (…) al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación directa de la ley federal”.
El pasado 5 de enero, el gobierno de EE. UU. anunció que restringiría la entrada de migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que intentaran ingresar de manera ilegal a través de la frontera con México. A la vez, indicó que concedería 30 000 visas humanitarias mensuales a migrantes de esas nacionalidades.
La Casa Blanca destacó en un comunicado que la medida buscaba frenar la actual oleada migratoria y, a su vez, crear un nuevo procedimiento “ordenado, seguro y humano” para reducir “sustancialmente” el número de personas que tratan de acceder a territorio estadounidense de forma ilegal.
No obstante, los cupos solo pueden ser ocupados por quienes cuenten con un patrocinador financiero en EE. UU.
En virtud de la nueva política, el DHS facultó a los oficiales fronterizos para expulsar de forma expedita a aquellas personas que intenten entrar al país sin permiso, no tengan una base legal para permanecer y no puedan ser expulsadas en virtud del Título 42.
Con la nueva normativa, los migrantes que sean removidos de forma expedita de EE. UU. estarán sujetos a la expulsión acelerada hacia sus respectivos países de origen y a una prohibición de reingreso por espacio de cinco años.
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