MIAMI, Estados Unidos. – El artículo 143 del anteproyecto de Código Penal cubano y parte de sus disposiciones complementarias “son un claro mensaje de que la Ley 88 ha sido incluida como parte de ese cuerpo legal”, aseguró a CubaNet la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.
Esta semana el régimen cubano dio a conocer el anteproyecto de Código Penal que que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022 y que, particularmente en su artículo 143, apunta a la sociedad civil de la Isla.
De aprobarse el texto legal, el Gobierno cubano podría condenar entre cuatro y diez años de privación de libertad a quienes, según sus consideraciones, reciban financiamiento extranjero para apoyar acciones antigubernamentales.
Según el artículo 143 del anteproyecto, “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
Para Diversent, esta disposición afectará “a los periodistas independientes y a todos los grupos de la sociedad civil u organizaciones que reciban financiamiento desde el exterior. Si el Gobierno cubano considera que ese financiamiento es para actividades que van en su contra, no importa si la organización está radicada en Estados Unidos, Suecia o Noruega”.
Por esto, la abogada asegura que el artículo 143 amplía la Ley 88, que solo se refiere al Gobierno de Estados Unidos y a quienes apoyen la Ley Helms-Burton. Sin embargo, “en el artículo 143 caben todos: cualquier organización que el Estado considere crítica aun cuando esa crítica no sea de tipo político o ideológico”, apunta la entrevistada.
Asimismo, Diversent considera que se trata de “un claro intento por evitar que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Cuba reciban financiamiento desde el exterior para cumplir con sus labores, incluso si se trata de tareas sociales como ayudar a comunidades pobres”.
“Insisto: ni siquiera tiene que haber motivación de tipo político e ideológico. Criticar ya de una forma u otra una política gubernamental bastará para que se aplique esta disposición”, refuerza la abogada.
Para ella, “es otro de los mecanismos que el Estado está creando desde el punto de vista legal para impedir el desarrollo de la sociedad civil que en estos momentos está creciendo. Además, el artículo 143 aparece tras el surgimiento de muchas organizaciones radicadas en el exterior y de grupos de cubanos que se han organizado para enviar medicamentos a la Isla, por ejemplo”.
De aprobarse el Código Penal sin cambios en ese artículo, quien reciba cualquier recurso desde el extranjero correrá el riesgo de ser procesado. “O sea, los afectados no serán solo los periodistas independientes, uno de los grupos a los que podría aplicarse de manera mucho más directa esta figura. Los activistas que se asocian dentro del país y también los grupos que están fuera de la Isla, los donantes que envían recursos a Cuba para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad como personas con problemas de salud o a los familiares de los presos del 11J, podrían ser blanco de esta disposición”, asevera la directora de Cubalex.
Finalmente, pide a la sociedad civil de la Isla y a la comunidad internacional estar atentos al anteproyecto de Código Penal y particularmente a su artículo 143, que considera “motivo de preocupación”. La sociedad civil debería enfocarse en denunciar esta figura porque es sumamente peligrosa para su trabajo en Cuba”, termina.
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